Las cuentas de Zaplana

tot afeblit, ab llengua mal diserta,/

gests e color assats fan descoberta,/

part de l'afany, que tant com lo dir val.»

Ausiàs March, Segle XV

E l expresident de la Generalitat , Eduardo Zaplana (1995-2002) tiene varias cuentas por saldar. Una con la justicia -que es semisecreta-, otras con la sociedad valenciana, con los directamente perjudicados por sus andanzas, con la autonomía, con el Estado y con los políticos. En València, a un paso de la huerta, un lunes, a las siete de la mañana salía del Hospital la Fe -no de la prisión de Picassent- Eduardo Zaplana. Mientras los médicos duermen y la ciudad se despierta. Sin trato de favor, cómo un ciudadano más que recibe el alta clínica cuando no se dan. Y las calles están casi por instalar. Las enfermedades son una cosa, la edad otra, la compasión otra y la responsabilidad otra. La honorabilidad es lo mínimo exigible a quien durante siete años fue la primera autoridad de la Comunitat Valenciana. La Guardia Civil -la UCO- lo considera presumible «jefe» de una banda para delinquir. Se habla de 10'5 millones de euros.

Paddel tennis. Lo importante no es el dinero, ni las cuentas en Suiza ni en otros paraísos fiscales. Nunca encontrarán todo lo defraudado en aquellos años de descontrol y desmemoria. Daba para todo. Para lucir y regalar abrigos entallados a medida, para jugar al paddel tennis con el balear Jaume Matas -otro condenado-, mientras esperaban horas mil comensales en la Ciudad de las Ciencias o para comprar corbatas en Londres con el notario del reino. Me crucé con Zaplana en el probador de un centro comercial. Sin situarme, me saludó exultante. Años antes había sido su víctima junto a cientos o miles de purgados al inicio de su mandato. A base de listas negras. Ximo Puig, un aprendiz.

Cuentas. El primero en avisar fue José María Simó Nogués, presidente de Bancaja. Me repitió: «estàs condemnat a mort». Lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de València, Enrique Silla, cuando reunió de urgencia a su equipo directivo el día de su dimisión en 1995: «Van a por vosotros. Buscaos la vida». Lo sustituyó en la presidencia cameral Arturo Virosque y cumplió el encargo como buen sicario, con la amenaza de que me tendría que marchar de València. Interesan las otras cuentas sin recibí. Las que siguen pendientes con la sociedad valenciana. Con los ciudadanos, por la imagen desacreditada de un país que renquea desde entonces. Sin que en Madrid ni en Génova -donde está la sede del PP- asuman que la Comunitat Valenciana es una autonomía esquilmada. Desde que la gobernaron tres expresidentes de su partido, hoy procesados y con hábito irrefrenable de frecuentar el banquillo de los acusados en los juzgados.

Trío. Zaplana forma con José Luis Olivas y Francisco Camps el trío más tenebroso de la política valenciana. Hasta que Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, mandó a otro expresident de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, a poner orden en el PPCV, sumido en la corrupción generalizada. Todos sabían que las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico de la C.V., tenían todos los ingredientes para derivar en cambalaches y pagos de comisiones. Era evidente por la inconveniencia de privatizar un servicio obligatorio, cuyas tasas por ley eran las más altas del territorio español.

Vergüenza. Suscita vergüenza ajena el modus operandi y la larga lista de adjudicatarios. No interesan los presuntos cuarenta millones de euros que se despistaron, ni tampoco los más de seis millones bloqueados en bancos suizos. Está en entredicho quien fuera president de la Generalitat y ministro de Trabajo. Condecorado con las «grandes cruces» de Carlos III (2004) y de Jaume I el Conqueridor (2008). El dinero se puede reponer. Importa el daño causado al pueblo valenciano, a su autoestima y a la imagen de una comunidad autónoma donde se confirma la responsabilidad delictiva de más de doscientos cargos del PP. Donde los acusados, cuando salen de la cárcel, después de varios meses o años de prisión, se permiten el escarnio de emitir declaraciones. Comunicados exculpatorios que atentan contra la credibilidad de la policía y del poder judicial.

Depuración. Cuando Eduardo Zaplana -jefe del PPCV- accedió a la presidencia de la Generalitat en 1995, bajo su mandato se llevó a cabo una intensa depuración. Tanto en cargos autonómicos y funcionarios como en entidades, organizaciones y en la administración institucional de la Comunitat Valenciana. Se actuó con saña contra directivos y personas. Se liquidaron proyectos de acreditada solvencia y se desmantelaron instituciones -ferias y Cámaras de Comercio- para apoderarse de ellas. A costa de provocar su decadencia. Veinticinco años después siguen sumidas en la irrelevancia y en su desnaturalización.