El pasado martes, la Universitat de València acogió, en el Aula Magna de la Nau, una jornada convocada por la plataforma València per l'aire. El objetivo, como indicaba su título, conocer cómo respiran los políticos en cuestiones de calidad del aire, contaminación atmosférica y movilidad. Una nutrida representación de diferentes colectivos sociales -vecinales, ecologistas, ciclistas, empresarios- permitió a políticos de las cinco fuerzas con presencia en el Ayuntamiento escuchar y dialogar con dichas entidades.

En un momento de la sesión, alguien se refirió a lo ocurrido pocos días antes, tras el festival de carnaval, en el colegio de sus hijos. Uno de los padres presentes encendió en el patio un cigarrillo, del que apenas pudo dar una calada, ya que el resto de padres y madres presentes le impidió continuar. Esos mismos padres, plenamente conscientes de los problemas de salud asociados al tabaco, y que asumen la necesidad de las restricciones a su consumo, publicidad y venta, con el fin de proteger la salud de sus pequeños, son en cambio completamente ajenos a los riesgos que corren la salud y el desarrollo de sus hijos e hijas al vivir, jugar y aprender en entornos que superan sobradamente los valores establecidos como aceptables por la OMS en materia de calidad ambiental.

Una inmensa cantidad de trabajos e informes de altísimo nivel -lo vimos en otra interesante jornada el pasado día 16 en La Petxina por parte de reconocidos investigadores- certifican la relación directa entre tráfico, contaminación y el deterioro de la salud en las ciudades. En esta materia, como en los efectos del calentamiento global, el negacionismo es una opción completamente desacreditada. Sin embargo, este amplio consenso científico se vuelve menos evidente a la hora de tomar decisiones políticas eficaces para reducir la contaminación, ya que implican una redistribución más justa de las cargas que esta impone, hoy asignadas a toda la comunidad.

En general, los efectos de la contaminación los sufren siempre los grupos más vulnerables - niños, gente mayor y personas con enfermedades crónicas- que, paradójicamente, son los que menos responsabilidades tienen en la generación de la misma. Es obvio que no podemos elegir otro aire para respirar en la ciudad.

Si los problemas ambientales se deben despolitizar, hay que abordarlos con rigor. Es decir, han de basarse en un saber científico objetivo y en instrumentos técnicos óptimos. Sin embargo, resulta ingenuo creer que las medidas a adoptar en esta cuestión son neutras desde el punto de vista valorativo. Y es ahí donde no se puede dejar de lado la discusión política, entendida esta como discusión abierta y plural sobre fines y medios, que nos afectan como colectividad.

La sesión antes citada de la Nau nos permitió comprobar lo fácil que es alcanzar ciertos consensos y lo difícil que puede llegar a ser materializarlos. Veamos un ejemplo reciente. Un representante del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, para no comprometerse con políticas públicas arriesgadas, dijo «aire limpio sí, pero sin restricciones». Obviamente, es imposible aumentar la calidad del aire en nuestras ciudades sin realizar restricciones al tráfico, como de una u otra forma lo han hecho todas las ciudades europeas que han logrado reducir el tráfico, y con ello la contaminación. Afortunadamente, el nivel general que mostraron los políticos presentes en el Aula Magna de la Nau, estuvo muy por encima de esas proclamas demagógicas, aunque, como es lógico, hubo matizaciones y diferencias. Sin embargo esto no es suficiente, no basta un consenso en cuanto a objetivos genéricos poco comprometedores como son una ciudad más habitable, promover prácticas de movilidad no contaminantes y sostenibles, etc€

Es necesario conseguir el compromiso de los políticos con medidas claramente definidas, técnicamente viables y evaluables, que garanticen el logro de esos objetivos sobre los que, en apariencia, impera el consenso: reducir las necesidades de movilidad, equipando barrios; actuar en los centros de trabajo, apostar claramente por los derechos de los viandantes, por el uso de la bicicleta, por la mejora del transporte colectivo. Estas políticas públicas son incompatibles con seguir estimulando el acceso de vehículos a la ciudad ampliando los accesos viarios, como estamos viendo.

Sin embargo no debemos olvidar que, como en tantas otras luchas por el medioambiente en nuestra ciudad, ha sido la presión de la ciudadanía la que ha construido y hecho valer ese consenso. Y no está de más recordar a los grupos políticos que estos cambios en positivo favorecen a todos sus potenciales votantes por igual.