Los plazos para la inclusión de extranjeros en el censo electoral expiraron a finales de enero. No hace mucho, jerarcas comarcales y provinciales del ámbito político tomaban buena nota de la evolución de sus padrones. La incorporación a la UE de Rumanía y Bulgaria, hace más de diez años, con decenas de miles de potenciales electores en nuestras tierras, dio pie a estrategias políticas de acercamiento a la inmigración con derecho a sufragio. Sus votos podían ser decisivos en algunas ciudades y comarcas.

Ese interés decayó en los últimos años. Algún tímido intento ha habido de fomentar agrupaciones y cooperativas, pero en líneas generales se ha aparcado el asunto. Y eso que, presumiéndose el próximo mayo unos comicios reñidos en muchas localidades, cabría esperar la elaboración de análisis sobre los 120.00 0 extranjeros que pueden votar en la Comunitat Valenciana. Son alrededor de 70.000 en la provincia de Alicante, 32.000 en la de València y 13.000 en Castelló, y tienen derecho a votar en las elecciones municipales. De ellos, casi 90.000 son miembros de la UE y 33.000 proceden de países con los que España mantiene acuerdos bilaterales, principalmente de América Latina.

De haberse continuado la senda que diseñaron hace más de una década analistas que hoy están fuera de la política, las cifras de inscritos serían aún mayores, pero el trabajo se interrumpió. Ahora, probablemente, podríamos estar hablando del doble de votantes extranjeros registrados. Pensemos, por ejemplo, en esos 80.000 ciudadanos rumanos que pueden tener edad para votar.

Pero aquellas estrategias quedaron en barbecho: se retiró la atención a los líderes de estos colectivos, se abandonaron los esfuerzos por afianzar asociaciones y potenciar los tejidos sociales, y sobre todo, se abdicó de intentar ganar la confianza de unas personas de quienes la mayoría de políticos sólo se acuerda en época electoral, esto es, una vez cada cuatro años.

Con el censo cerrado, la suerte está echada. Es probable que algún ideólogo tome nota para que la desatención hacia el colectivo de extranjeros no vuelva a repetirse en la próxima legislatura. En 2015, en la ciudad de València, tuvieron derecho a voto 800 rumanos, 320 búlgaros, 630 franceses, 1.000 italianos, 700 iberoamericanos... Al margen de estas cifras no parece que nadie haya reparado en aquellos que en los últimos años han adquirido la nacionalidad y que como tales poseen el derecho a votar en cualquiera de los comicios y su peso no es baladí. Habrá que esperar cuatro años para vislumbrar estrategias que no parecen hayan sido tenidas en cuenta ahora.