Se acercan nuevos comicios. Ahora, por partida doble. Y, como en todos los escenarios preelectorales, nos afanamos en explicar muy bien qué queremos las cooperativas y qué esperamos de las principales fuerzas políticas que aspiran a gobernar la Comunitat.

En las últimas semanas, hemos puesto sobre la mesa de los partidos políticos con representación parlamentaria las aspiraciones y propuestas del cooperativismo valenciano. Les hemos recordado que las cooperativas somos empresas comprometidas con el territorio, que ni se venden ni se van; que generamos empleo estable y de calidad, porque casi el 90% de las personas que trabajan en las cooperativas tienen una relación laboral indefinida; que somos empresas socialmente responsables, con valores y principios que penetran la actividad económica e irradian una acción de interés general. Y además resulta que alrededor de dos millones y medio de personas forman parte de alguna cooperativa en la Comunitat Valenciana; es decir: más de la mitad de la población valenciana es cooperativista.

El peso del cooperativismo en la economía valenciana no se discute. Estamos generando más del 6% del PIB, lideramos sectores económicos con vocación exportadora, tenemos empresas referentes entre las principales de la Comunitat, actuamos en todo el abanico de actividades económicas, colaboramos con las Administraciones en la prestación de servicios públicos esenciales, tenemos una intervención directa en la corrección de desequilibrios territoriales.

Nos hemos sentado durante las últimas semanas con quienes lideran PP, Compromís, Ciudadanos, Podemos y PSPV. Todos los y las presidenciables, sin excepción, han reconocido que las cooperativas somos un actor socioeconómico de primer orden. Y se han comprometido a recoger en sus programas electorales, en mayor o menor medida, nuestras inquietudes.

Falta ahora ver cómo se traduce esa buena voluntad en la acción de gobierno. Es justo reconocer que, en los últimos años, y coincidiendo con una mejoría general de la economía, el cooperativismo valenciano ha experimentado ciertos avances, pero queda camino por recorrer. Ese progreso debería ser precisamente el impulso que nos ayude a dar un nuevo salto de protagonismo en la agenda política. Las cooperativas estamos presentes cada vez en más plataformas de participación institucional, pero ningún gobierno ha tenido todavía la valentía suficiente como para abrir un debate serio sobre la necesidad de repensar las bases del diálogo social. Si ese debate tuviera lugar, es muy probable que el cooperativismo participara directamente, con sus legítimos interlocutores, en las mesas en las que verdaderamente se decide el futuro de la Comunitat, como el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

Es cierto que el cooperativismo está reconocido en nuestra comunidad autónoma como un agente estratégico de desarrollo empresarial y social. En 2017 se aprobó el primer plan de apoyo y fomento del cooperativismo, Fent Cooperatives 2018-2019, que venía gestándose desde 2014 y que está llamado a ser la guía para mejorar la competitividad de las cooperativas valencianas en los próximos años. Ese plan ha de tener continuidad, por supuesto que sí. Pero es que, además, ha de cumplirse: hay que disponer los instrumentos adecuados para que las medidas que recoge se lleven a cabo; si no, no pasaremos nunca de las musas al teatro. Algunas cosas no están bien resueltas. Por ejemplo: necesitamos un servicio propio para el Consejo Valenciano del Cooperativismo, que le dé dinamismo y transversalidad; hace falta un registro de cooperativas adaptado a las tecnologías del siglo XXI; la política de fomento del cooperativismo ha de ejecutarse con eficacia y orientarse al destinatario; hay que cambiar algunas leyes y desarrollar otras; ha de impulsarse de manera más decidida la contratación pública responsable...

Tomen nota quienes aspiran a gobernar la Generalitat de que las cooperativas nos preocupamos y nos ocupamos de dar una solución -siempre colectiva- a los problemas de las personas, sean cuales sean: los nuevos y los de siempre. Muchos titulares vemos a diario en los medios de comunicación que nos recuerdan que la Educación, con mayúsculas, es imprescindible para el progreso de las personas y de las sociedades. Queremos una sociedad responsable, comprometida y sostenible. Y, para ello, necesitamos educar a nuestra juventud en la cooperación. La mejor manera de asegurar el futuro es enseñar los valores universales vinculados al cooperativismo en todos los niveles de la educación reglada, desde la infantil hasta la universitaria. Es evidente que estos valores éticos no son patrimonio de nadie, como también lo es que la cooperativa es la fórmula empresarial que mejor compagina con ellos.

La responsabilidad social empresarial y los objetivos de desarrollo sostenible, paradigmas de una economía al servicio de las personas y orientada a satisfacer el interés general, están hoy en boca de todo el mundo. No hay empresario que se precie que no hable de su compromiso con la calidad de vida de la ciudadanía. Lo celebramos. Pero conviene no olvidar que este discurso, tan moderno, las cooperativas lo llevamos divulgando en la Comunitat Valenciana desde hace décadas. Y no solo porque lo tenemos en nuestro ideario, sino porque está en nuestras leyes, que nos obligan a crear un patrimonio común e irrepartible, a ser transparentes, a practicar la democracia participativa, a invertir en formación, a distribuir los beneficios de forma equitativa. Cuando hablamos de la necesidad de impulsar el modelo cooperativo, no estamos apelando al buenismo, sino exigiendo una transformación.