Hace unos meses publicaba en este diario un artículo de opinión basado en la experiencia vivida al ofrecerme voluntario para confeccionar la solicitud de la Renta de Garantía de Inclusión Social (RGIS) a un excluido social de aquí, de nuestra València, que vivía sin ningún tipo de ayuda en un piso heredado de sus padres y sobrevivía sin luz ni agua potable desde hacía más de 15 años, dicho artículo lo titulé «La Hipocresía de una gran ley». En él describí el «Vía Crucis» que tuvimos que sufrir tan solo para reunir la documentación requerida en dicha, Ley 19/2017, también llamada R.V.I. Renta Valenciana de Inclusión. Todo debido a que los políticos y políticas que diseñaron la misma exigen requisitos a los excluidos sociales como si estos estuvieran inmersos en el sistema, es decir, tener cuenta bancaria, saber informática para descargarse impresos, libro de familia a solteros, estar inscritos en el paro, domicilio habitual (incluso a los sin techo), contratos de alquiler, etc. Esto degradaba a una gran ley pensada para ayudar a los más débiles socialmente, debido al desconocimiento de la realidad de esos y esas políticas que con buena intención la crearon. En esta ocasión he querido ser algo más suave y prefiero «Miserias en una gran ley» de forma impersonal.
En esta época donde alcanzar consenso en algún asunto parece ser algo de otra galaxia, hay uno donde todos y todas estamos de acuerdo (supongo), se trata de que quien se aprovecha del trabajo en negro de los y las excluidas sociales es un o una miserable ¿Alguien no está de acuerdo con este calificativo? Supongo que será una minoría, si es que los hay. Pues bien, la Consellería de Igualdad que dirige Mónica Oltra, a la sazón artífice de esta ley, ya ha resuelto multitud de casos de la RGIS, otorgando las ayudas preceptivas. Sin embargo, denuncio algo que considero miserable:
En las solicitudes hay un apartado donde se debe hacer constar, «Apartado I», la cuantía estimada mensual de ingresos y un código que representa la fuente de dichos ingresos, incluido si el origen es el mercado negro o economía sumergida, al cual se le asigna el código «1E». Este hecho me dio que pensar, pero lo que jamás me podría llegar a imaginar es el tratamiento que la Conselleria da a este dato en la resolución final. Es inaudito, incalificable y miserable (según consenso anterior) que la administración, en este caso Conselleria de Igualdad, liderada por Mónica Oltra descuente esos ingresos obtenidos en la economía sumergida y se los ahorre de la cantidad que les correspondería si no los hubiesen declarado. Es decir, Igualdad se beneficia de la economía sumergida al ahorrarse dinero de aquell@s que, humildemente, lo declaran pensando en que es para erradicar esta lacra social y normalizar las actividades.
Pongo dos ejemplos sin citar nombres a quienes les rellené la solicitud. Ambas lograron la ayuda y viven solas, por tanto, les corresponde el 70% del SMI, pues bien:
-Uno se dedicaba a recoger cartón por contenedores y declaró 40€ al mes. Se le ha concedido de ayuda el 70% del SMI menos 40€
-Una señora de 61 años, madre soltera, su hija mayor de edad se ha emancipado, vive sola y limpia la escalera de su comunidad de vecinos, declaró los 80€/mes que cobra de sus vecinos. Se le ha concedido el 70% SMI menos 80€ cada mes.
Y lo peor no es esto. A los solicitantes se les obliga, bajo firma, a seguir un itinerario de inserción durante toda la vigencia de la ayuda por RGIS y, por tanto, deben de dejar la actividad no reglada que tenían. En pleno siglo XXI, jamás creí encontrar una gran ley y que debido a los políticos y políticas responsables de la misma, esta llegara a ser cómplice y beneficiarse de la explotación de aquell@s para cuya protección fue creada. Es inadmisible, injustificable, inexcusable que nadie se dé cuenta de la aberración tan abominable que han creado. Son las miserias de una gran ley, como he dicho, prefiero llamar a este artículo de esta forma que como realmente habría que calificar lo que sucede.
