El 25 de septiembre de 2015, 193 países (España incluida) se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos persiguen erradicar la pobreza, proteger el Planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, siendo un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Para alcanzar los objetivos se tienen que implicar los Gobiernos, las Administraciones Públicas, el sector privado y la sociedad civil.

Previamente al acuerdo, y durante décadas, en el seno de la ONU se desarrollaron negociaciones de carácter inclusivo, abierto y transparente, entre Estados, sectores académicos, organizaciones juveniles, de capacidad reducida, ONGs, sector privado y sociedad civil, en la que llegaron a participar, además de las instituciones, más de 10 millones de personas sensibilizadas en generar una verdadera transformación social a escala mundial. En efecto, la amplia gama de desafíos que enfrenta al mundo subraya la importancia de construir pactos para la igualdad y un futuro sostenible que no serán posibles sin democracias más participativas en la que la ciudadanía no esté profundamente involucrada en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir.

No en vano, el artículo 17 del Consenso Europeo de Desarrollo establece que «la UE y sus estados miembros valoran la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las acciones a favor del desarrollo y alientan todas las partes de la sociedad a participar activamente en ellas. Reconocen las múltiples funciones que desempeñan estas organizaciones como promotoras de la democracia y defensoras de los titulares de derechos y del estado del Derecho, de la justicia social y de los derechos humanos. La UE y su estados miembros fomentarán el espacio de la sociedad civil e intensificarán su apoyo a la creación de capacidades de estas organizaciones a fin de fortalecer su voz en el proceso de desarrollo y hacer avanzar en el diálogo político, social económico”.

En nuestro País la implantación se ha de articular por parte del Gobierno Nacional a nivel de Estado y de los Gobiernos autonómicos y municipales en sus respectivos niveles de responsabilidad. Al respecto la Generalitat Valenciana aprueba la Ley 18/2017 que contempla la creación de un Alto Consejo Consultivo y ha elaborado un primer Mapa de Seguimiento que refleja cada una de las estadísticas e indicadores relacionadas con los ODS en todas sus áreas y alinear las políticas del Consell con la Agenda marcada por las Naciones Unidas, pero, a nuestro juicio, carece de ambición al limitar su acción a «informar, sensibilizar y comprometer» a los entes autonómicos y municipales.

El desarrollo de instrumentos municipales para mejorar la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana puede ser una estrategia fundamental para las actuaciones locales vinculadas a las ODS como planes de movilidad urbana sostenible, planificación del territorio, promoción de políticas de igualdad y seguridad ciudadana, así como pactos locales por el empleo y formación, presupuestos participativos y consejos vecinales y ciudadanos. El reconocimiento de la FEMP, y en nuestra comunidad, la FVMP como palancas de impulso a la Agenda 2030 resulta inaplazable.

En definitiva, trabajar junto a todas las formaciones políticas, responsables institucionales y otras entidades ciudadanas para alcanzar consensos clave de cara a que la implementación de la Agenda 2030 sea transformadora y responda a proyectos de barrio, distrito, pueblo, ciudad, comunidad autónoma o País, obliga participar activamente en todos los procesos de construcción de estrategias de Desarrollo Sostenible y exige un mecanismo estable y formal de Participación, llámese Consejo u Observatorio, donde se promueva el desarrollo sostenible con el foco en las personas para no dejar a nadie fuera y «no dejar nadie atrás».