Sí, porque ambas cosas son profundamente contradictorias, ya es hora de que pongamos con claridad las cartas sobre la mesa. Recordemos que una de las principales prioridades del primer Gobierno de coalición de la democracia, PSOE-Unidas Podemos, es precisamente la transición ecológica, haciéndose eco de la urgencia que nos comunican los científicos y de la que la ciudadanía es cada vez más consciente. Tenemos bien presentes los muertos por la última tormenta -que ya tiene nombre propio- en nuestras costas mediterráneas, la mayor en 100 años: cosechas arrasadas, el Delta del Ebro inundado, las playas de Xàbia, Dénia, el Saler, el Perelló considerablemente dañadas, como para no saber hacia dónde deben ir nuestros esfuerzos y prioridades políticas.

Bien, pues el proyecto de Intu Mediterrani, que amenaza con arrasar una de las últimas zonas verdes de las periferias de València, el paraje conocido como «Les Moles» -contemplado, por cierto, en el Plan de ordenación de recursos naturales del Turia (PORN)-, ocupando 375.000 metros cuadrados de bosque mediterráneo para constituir la Ciudad de Ocio -y consumo, claro- más grandes del Estado español, a sumar a la larga lista de Heron cities, Ositos, etc., es un proyecto profundamente extemporáneo, antiguo, irreal. ¿Un nuevo centro comercial destruyendo uno de nuestros últimos bosques periféricos de València, cuando sabemos que hemos de reforestar para capturar carbono de la atmósfera? ¿Un nuevo centro en el extrarradio cuando los pequeños comercios locales ven cómo se va hundiendo su negocio que les ha costado toda una vida mantener? ¿Por qué permitir otro centro en las afueras cuando de lo que se trata es de relocalizar la economía para disminuir la movilidad y las emisiones? Finalmente se trata de un despropósito que el Gobierno de la Generalitat, acertadamente, está intentando frenar a través de un recurso contra el fallo judicial de TSJCV a favor del megaproyecto. Uno se pregunta que si, de acuerdo con la legislación, este sinsentido es legal, se debe urgir también la modificación de las leyes para que, una vez el contexto sociocultural ha cambiado -declaración institucional de emergencia climática-, proyectos antiguos como éste puedan ser anulados en aras del interés común.

Recordemos el video promocional del proyecto: una zona de feliz ciudadanía interconectada evolucionado entre árboles y lagos, ¿lagos en un territorio amenazado por la sequía y desertificación? ¿Proyecto sostenible tras arrasar uno de los últimos bosques mediterráneos cercanos a la urbe? Puro humo, humo destructor. Se estiman necesarios 25 millones de visitas al año para que sea rentable el proyecto ¿alguien se imagina la presión que eso supone sobre la entrada a València desde el Este, la saturada pista de Ademuz?

En los tiempos de la emergencia climática las instituciones y las leyes deben tener una perspectiva ecosistémica integral, nunca localista. Claro que al alcalde de Paterna le interesa el proyecto por la inversión, pero la ecología no entiende de egoísmos políticos, sino de estrategias a largo plazo y visiones globales. Y no será que no hay trabajo y necesidades de inversión ante la emergencia climática y la transición ecológica: habrá que reconstruir los daños en las playas, desarrollar proyectos ambiciosos de renaturalización del litoral y defensas ante las tormentas que vendrán, cada vez más agresivas; habrá que crear planes de movilidad sostenible para evitar emitir más CO2 y campañas de rehabilitación energética; habrá que prevenir los incendios que nos vendrán y aclimatar la agricultura a las nuevas condiciones meteorológicas. Hay que combatir la desertificación e iniciar la relocalización económica. Todo ello exige inversiones, puestos de trabajo, esfuerzos institucionales y de la ciudadanía. Pero no necesitamos nuevos centros comerciales, eso sí que no.