Por qué será que cuando tanto el conseller Soler, como el presidente Puig, u otros responsables de las autonomías hablan de la necesidad de modificar el sistema actual de financiación autonómica, siempre suelen referirse al principio de igualdad, pero nunca se paran a definir siquiera sea de manera escueta en qué consiste este principio fundamental, sin el cuyo esencial objetivo no puede afirmarse de manera alguna que exista una nación. Quizás puedan existir autonomías, pero no, insisto, una nación.

Pero es cierto, que sin definir el concepto de igualdad interregional. Sin entrar en la valoración de los diferentes elementos de que se compone la economía territorial, de la mayor o menor población de la misma, de la dimensión mayor o menor de cada una de ellas, de su carácter más o menos industrial o agrícola, etc., se hace imposible saber con un mínimo de certeza, las correcciones que se deben introducir en los actuales elementos económico-fiscales que componen el rompecabezas financiero autonómico vigente.

Por eso, además de reivindicar sistemáticamente una mejor y más igualitaria financiación autonómica al gobierno central, sin apriorismos de su color político, es imprescindible describir con detalle por qué se debe incrementar y cuánto a cada ente autonómico, sin olvidarse de los demás. Fijándose en el endeudamiento ya creado por cada ente hasta la fecha en los últimos cuarenta años, y sin perder de vista que su homologación fáctica debe tender ineludiblemente al logro de la máxima igualdad posible. Lo contrario, es decir, seguir sistemáticamente tirando de la manta sin la más mínima consideración al resfriado que puedan coger los demás que intentan taparse con tan imprescindible elemento, nos lleva directamente a la UVI. Sin olvidar, claro, qué porcentaje de la tarta nacional, es decir, de los ingresos; debe retener el gobierno central para el desarrollo adecuado de sus competencias, que no son, precisamente, moco de pavo.

Parece evidente que no vale hablar sólo de población, pues inmediatamente sale, por ejemplo, el presidente Revilla, planteando el mayor coste de los servicios a prestar en Cantabria, por su escasa población en relación con el territorio de que se compone esta autonomía; por no hablar de Teruel, la cenicienta de Aragón; o de Soria, de Castilla y León, etc. O de las acentuadas diferencias financieras de autonomías forales como Euskadi y Navarra. Con toda razón, sea dicho, de paso. O de la igualdad fiscal que impida la creación de paraísos fiscales internos inaceptables.

La reflexión que se impone, en serio, sin demagogias populistas y localistas, es la siguiente: ¿podemos permitirnos el lujo de estar reiteradamente pidiendo, cada uno por su lado, sin valorar fríamente, cuál es la capacidad real de recursos disponibles para satisfacer las múltiples necesidades sociales y políticas del sistema autonómico, prácticamente federal y asimétrico que nos hemos dado, sin que las reivindicaciones se conviertan en un enfrentamiento cada vez más preocupante entre españoles? La respuesta debe ser negativa, creo sinceramente.