Ya se empiezan a aplicar medidas de flexibilización de la restricción de movilidad a que estamos sometidos desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo para hacer frente a una situación histórica como es la pandemia por la COVID-19.
Este regreso gradual a la actividad anunciado por el presidente del Gobierno supondrá incorporarnos, progresivamente, a una nueva normalidad para la que no estábamos preparados.
Entramos en el siglo XXI acostumbrándonos a una nueva cotidianeidad caracterizada por la mayor extensión de la democracia de la historia de la Humanidad, una construcción europea que parecía afianzada, y elevados flujos de personas, mercancías y capitales a nivel global.
Una globalización, acrecentada por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha favorecido grandes avances en nuestras capacidades para comunicarnos, conocernos y mantenernos en contacto, e incrementar la eficiencia de los sectores productivos, desarrollar nuevos productos de ocio y nuevas formas de comprar y de consumir.
Pero esta globalización también supuso el incremento de desigualdades económicas, abrió brechas tecnológicas en nuestras sociedades, incrementó la velocidad de la erosión de nuestro medio ambiente e introdujo nuevas escalas a viejos fenómenos: terrorismo internacional, ciberdelincuencia, y nuevas formas de injerencia en los procesos democráticos, como las fake news y las estrategias de desinformación y manipulación de la opinión pública.
A lo largo de estas dos décadas de este nuevo siglo nos hemos ido adaptando a esas nuevas formas de comunicarnos, producir y consumir. Pero también nos hemos adaptado a las nuevas medidas de seguridad posteriores a los atentados del 11-S y el 11-M.
La segunda década de este siglo se inició en 2007 con el contagio global de las economías a partir de la crisis financiera originada por las hipotecas subprime. El contagio de la economía financiera a la economía productiva se extendió, también, a las finanzas públicas de muchos países. La respuesta europea a esa crisis se saldó con el rescate de entidades bancarias y políticas de consolidación fiscal que afectaron a los servicios públicos, su extensión y sus plantillas, recortando el Estado del Bienestar.
Más de diez años después, cuando aún no se habían recuperado nuestras economías de una crisis que amplió brechas sociales, empobreció a familias y supuso elevados niveles de desempleo, cuando se hacía más evidente que nunca la necesidad de políticas para una transición ecológica que permita mejorar la calidad de vida de las generaciones que nos sucederán, nos ha golpeado una pandemia sin precedentes en un siglo.
La respuesta a esta crisis, a nivel intergubernamental, ha permitido evidenciar una involución europea, una Organización de las Naciones Unidas menos presente y ejecutiva, así como la necesidad de profundizar en los mecanismos de coordinación de nuestro estado autonómico, y de los niveles locales de los gobiernos.
También nos ha permitido ver la importancia del sector público, de los servicios públicos que conforman los pilares del Estado del Bienestar, al servicio de las personas: sanidad, educación, apoyo al desempleo y dependencia.
Esta crisis se ha sobrellevado mejor gracias al desarrollo tecnológico, pero también ha evidenciado que necesitamos una transición digital más rápida y profunda, combatir la brecha digital, en términos de conexiones y su calidad, especialmente en entornos rurales, y de acceso a equipos y dispositivos tecnológicos.
Tenemos que esforzarnos en mejorar los sistemas telemáticos de atención a las personas y en hacer realidad la Administración Digital.
Y avanzar en mecanismos de docencia que permitan mejorar una formación a distancia masiva en situaciones de emergencia. Porque esta crisis sanitaria también ha evidenciado la importancia de la interacción entre profesorado y estudiantes, y entre éstos.
Los aprendizajes del teletrabajo impuesto por cuestiones de salud pública nos deben permitir avanzar en esta tipología de actividad profesional para mejorar la calidad de vida de las personas y la conciliación con la vida familiar y personal.
Las restricciones a la movilidad también han mostrado más claramente que nunca los efectos del transporte de base de carbono sobre la contaminación. Es una buena ocasión para cambiar nuestros hábitos de movilidad y consumo para garantizar una sociedad con futuro.
Para finalizar esta reflexión que nos permite Levante-EMV, me gustaría destacar que, en esta era de incertidumbres en la que nos adentramos, necesitaremos más que nunca de la ciencia. De esta crisis se desprende la necesidad de invertir en investigación, como hemos reclamado reiteradamente desde las universidades públicas.
Para afrontar el futuro vamos a necesitar unidad y grandes acuerdos políticos y sociales, porque vamos a necesitar una firme apuesta por unos servicios públicos fuertes y bien financiados que sigan contribuyendo a la mejora del Estado del Bienestar, reforzando las democracias, con una agenda social que no deje a ninguna persona atrás.
