De esta crisis saldremos «codo con codo», decía el cantante Jorge Drexler, a principios del mes de marzo. Esa es la enseñanza más clara que nos ha dejado hasta ahora la pandemia del COVID19. Tendremos que alcanzar una mejor coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales, para conseguir un mejor nivel de atención sanitaria a las personas que viven en residencias, y una mayor colaboración entre el sector privado y el público, aportando lo mejor de cada uno de ellos con el objetivo común de satisfacer las necesidades de los ciudadanos
Estamos viviendo una crisis sanitaria y la respuesta la tiene que dar el sistema de salud. Esta situación ha provocado el colapso del sistema sanitario español. Personas que siempre habían sido atendidas en hospitales o centros médicos cuando se encontraban enfermos, ahora ya no eran acogidas por el sistema a pesar de que tenían derecho a ello. Casi siempre ha ocurrido con personas mayores y muchas de ellas que vivían en centros residenciales.
Algunos actores sociales han entendido que los fallecimientos en las residencias se debían a una mala gestión de las mismas o a un modelo inadecuado pero debemos recordarles que las residencias no son hospitales pequeños sino que intentamos que sean casas grandes. Cuando nos ponemos enfermos acudimos al sistema de salud, vivamos en nuestra casa o en una residencia. El servicio médico de las residencias se encarga de hacer un seguimiento de las enfermedades crónicas, de acercar la atención a la persona y evitar sobrecargar a la red de atención primaria pero no está concebido para atender una pandemia como ésta.
Además, el enfoque de la actuación se ha hecho exclusivamente desde la perspectiva sanitaria, sin contar con aspectos sociales con los que trabajan principalmente los centros residenciales. Esto ha podido tener consecuencias negativas en el conjunto de las personas atendidas por la extensión del confinamiento, que son dependientes pero no todas estaban enfermas.
Desde el sector se lleva reclamando mucho años que la coordinación sociosanitaria es fundamental para la mejora de la calidad asistencial sanitaria de las personas que residen en un centro. Éstas siguen teniendo derecho al acceso al sistema público de salud, declarado universal, y no puede negarse su atención de ninguna manera. Es necesario que la Conselleria de Sanidad se encargue de la parte sanitaria y la Conselleria de Igualdad de la parte social pero de manera coordinada.
El virus ha aparecido en residencias públicas y privadas, de empresas o de entidades sin ánimo de lucro. El virus no ha mirado formas jurídicas o formas de gestión, ha atacado a seres humanos vulnerables, sobre todo personas mayores de 80 años y con pluripatologías, allí donde se encontraban. Y lo ha hecho en España, y en muchos otros países de Europa y del resto del mundo, sin distinción y con un resultado dramáticamente parecido.
Desde AERTE hemos echado de menos que se haya puesto en valor el trabajo realizado en los centros residenciales cuando el 70% de las residencias no han tenido ningún caso confirmado de coronavirus y la tasa de mortalidad está siendo en torno a seis puntos inferior a la general en la Comunidad Valenciana para mayores de 80 años.
Aunque el modelo residencial venía siendo objeto de reflexión desde hace tiempo, la normativa tiene más de quince años y el perfil de las personas atendidas ha variado mucho, no creemos que haya tenido impacto en el trágico resultado que ha provocado el COVID19.
Una de las líneas más importantes en las que había consenso entre las entidades que gestionan los centros, las sociedades científicas, las asociaciones de usuarios y la administración era la de hacer una atención centrada en la persona reforzando el carácter humano de los recursos y evitando la sanitarización de los centros. Nos preocupa muchísimo que se pueda producir un giro en esta visión generalmente aceptada y que acerque el modelo más a un hospital que a un hogar, que es lo que pretendíamos, por un análisis no adecuado de la situación que hemos vivido.
Creemos que la colaboración público privada es fundamental en ese nuevo modelo por la experiencia del sector privado, la capacidad de financiación, su flexibilidad y su especialización. Hay que generar miles de plazas residenciales nuevas por lo que necesitamos la suma de todos para alcanzar este objetivo. Con el déficit público acumulado, la deuda que tenemos actualmente y la dificultad de que se reforme definitivamente el sistema de financiación autonómica en este contexto económico, es inviable hacer planteamiento de mayor gasto público.
El sector de atención a personas en situación de dependencia es un sector atractivo a la inversión por varios motivos que podrían ser calificados como de inversión socialmente responsable. Tiene un impacto muy positivo en la sociedad ya que permite mejorar la calidad de vida de muchas. Es muy intensivo en mano de obra, sobre todo femenina, no se puede deslocalizar y tiene bajo riesgo de disrupción tecnológica. Además tiene un enfoque a largo plazo generando una rentabilidad baja pero sostenida en el tiempo por lo que resulta interesante para fondos de inversión responsables. Si desincentivamos la inversión privada en el sector, cuando ni el Estado ni las CCAA autónomas pueden afrontar solos este desafío social, lo que conseguiremos será dejar desatendidas a miles de personas vulnerables y, eso, nuestra sociedad no se lo puede permitir de ninguna manera.
