De pandemias y modelos de Estado

En los primeros días del confinamiento circulaba en algunos foros un meme que, jugando con las cuestiones más extraordinarias que estudian las personas matriculadas en las facultades de Derecho decía: «asistimos a las situaciones de excepcionalidad jurídica que estudiamos en la carrera pero jamás pensamos que viviríamos: estado de alarma, 155, investigación a la familia real, sedición y rebelión. Solo falta que un enjambre de abejas entre en fundo ajeno». Una broma de juristas que hacía reflexionar, más allá de la referencia del Código Civil a las abejas que se cuelan en el terreno de otro, sobre el valor de las previsiones de la Constitución de 1978.

Se dice que en momentos excepcionales cualquiera da la talla de lo que es, pero también de lo que no es. Del mismo modo, es en este momento cuando nuestra Constitución demuestra sus grandezas y sus debilidades. La declaración del estado de alarma, prevista en la Constitución, está siendo eficaz y ha permitido, con la anuencia del Congreso de los Diputados -la Cámara que tiene la potestad para prorrogarlo más allá de los primeros quinces días-, que el Gobierno adopte medidas para afrontar la que ya se califica como la peor crisis desde la guerra civil. Pero es probable que su flaqueza sea, una vez más, el escaso desarrollo del modelo de relaciones adecuado entre los diferentes gobiernos territoriales en un estado autonómico.

Uno de los grandes éxitos de los 40 años de democracia en nuestro país, ha sido el establecimiento del Estado de las autonomías. Este ha permitido cotas de desarrollo y crecimiento de derechos como jamás se había producido en la historia de España y la creación de una red sanitaria, educativa y de servicios sociales que está permitiendo, o cuanto menos intentando, no dejar a nadie atrás en esta crisis.

La Constitución Española diseñó un modelo que, en el ejercicio del autogobierno de nacionalidades y regiones, permitió establecer las actuales comunidades autónomas con una distribución de competencias no siempre clara y que ha traído más de un disgusto político y jurídico. Pero además y desde el principio, ha adolecido de la falta de los clásicos instrumentos federales que garanticen el que la coordinación no quede al albur de la voluntariedad o de la mejor o peor intención de los distintos territorios o liderazgos políticos. La conferencia de Presidentes y Presidentas, el papel del Senado, las conferencias sectoriales, el modelo de financiación; en definitiva, los instrumentos propios de un estado compuesto que desde la igualdad de su ciudadanía permiten y facilitan la diversidad y las respuestas más adecuadas para cada territorio, con o sin estado de alarma.

Estas carencias resultan más evidentes en esta situación excepcional. La centralidad que requiere la toma de decisiones en esta alarma sanitaria casa mal con la distribución de competencias en las materias más sensibles en una situación de pandemia y confinamiento. Ese desajuste ha evidenciado la falta de instrumentos estables en la toma de decisiones en un estado compuesto en el que las competencias sobre sanidad, seguridad, educación o servicios sociales, por solo citar algunas de las más directamente afectadas, están fundamentalmente gestionadas por las Comunidades autónomas.

Se hace por tanto evidente la necesidad del establecimiento de mecanismos federales en las relaciones territoriales y el funcionamiento de nuestro Estado para dotarle de mayor eficiencia y legitimidad política: Un Senado que debiera ser elemento esencial para el funcionamiento adecuado de este estado compuesto, reforzando sus funciones en clave territorial a imagen de cómo funciona en otros Estados federales como Alemania (tan puesta de ejemplo en tiempos de coronavirus) pudiendo funcionar como foro permanente para el resto de los organismos de cooperación multilateral.

Las Conferencias de Presidentes y Presidentas o las Conferencias Sectoriales, o cualquier otro instrumento de coordinación, deberían dejar de estar a merced de la voluntad coyuntural de los gobiernos centrales de turno, o de las situaciones excepcionales, para convertirse en algo normalizado e institucionalizado en el funcionamiento habitual del Estado. Un Estado diseñado en nuestra Constitución -no hay que olvidarlo- como un reconocimiento a la pluralidad de los diversos territorios a través de las Comunidades autónomas, y de gobierno compartido.

La gestión de «la vida de antes» y aún más de la extraordinaria «nueva realidad» requiere del aúno de fuerzas y estrategias y del empleo de todas las fortalezas personales, administrativas y económicas. Nuestro Estado de las autonomías requerirá del avance en un modelo estable de estructuras en el que desde el respeto a las competencias de cada territorio y con una globalización que impone nuevas reglas, quede, claramente establecidos los mecanismos de coordinación y cooperación de los distintos niveles. La crisis no puede pasar en balde. No lo va a hacer en prácticamente ninguna de los ámbitos de nuestra vida colectiva y la articulación funcional de nuestro estado autonómico no debiera ser una excepción.