08 de julio de 2020
08.07.2020
Levante-emv

Blindar la salud: derecho o negocio

08.07.2020 | 22:58
Blindar la salud: derecho o negocio

Si algo ha mostrado esta pandemia es que el modelo de sanidad pública, a pesar de los constantes recortes y precariedad a la que ha sido sometido durante años, es el mejor preparado para dar una respuesta sanitaria adecuada, especialmente ante una situación de emergencia. No en vano, uno de los elementos decisivos en Madrid y Cataluña en relación al mayor impacto que estas comunidades han sufrido, es que son las que tienen mayores niveles de privatización en sus modelos sanitarios de todo el país.

El pasado 1 de abril de 2018 la Comunidad Valenciana marcó un hito en un giro contrario a estas políticas recuperando el hospital que dio nombre a un modelo: el hospital de Alzira en la comarca de La Ribera. La UTE «Ribera Salud», hoy controlada por la multinacional norteamericana Centene, se creó ex profeso para liderar este proyecto, aunando constructoras, aseguradoras privadas y cajas públicas, un cóctel habitual en nuestra comunidad, trasladado al mercadeo con la salud.

Entre sus ideólogos se encontraba Antonio Burgueño, recuperado ahora por el gobierno de Madrid como asesor estrella y cuya hija ha sido responsable de la vergonzosa «Operación Bicho» quedando al cuidado de la vida de 50.000 ancianos sin ninguna experiencia en el sector.

Este modelo fue todo un símbolo de la Era Zaplana, todo un símbolo de capitalismo de amiguetes (con clientes fijos y dinero público) y todo un símbolo del gobierno del PP valenciano. No extraña, por tanto, que aún hoy, a pesar de las numerosas irregularidades, defectos y sobrecostes mostrados, insistan de una manera ferviente en su defensa, ya que al hacerlo se están defendiendo a sí mismos.

Son cuatro los hospitales restantes que siguen dentro de este modelo, situados en Torrevieja, Elche, Dènia y Manises. El contrato de la concesión del hospital de Torrevieja acaba el próximo octubre de 2021 y el compromiso y acuerdo del Consell en su pacto de gobierno, siguiendo la línea de desmercantilización de la salud es, como no podía ser de otra forma, no prorrogarlo.

No obstante, ante la cercanía de la fecha, Ribera Salud empezó a mover sus cartas para asegurarse la renovación, prometiendo la construcción de infraestructuras necesarias (que no ha construido en sus años de concesión) o con la creación de una asociación de apoyo formada por miembros de su propio departamento, amén de la puesta en marcha de numerosas campañas publicitarias. Una de las grandes paradojas de este modelo es que las empresas concesionarias deben atender –en principio- con la misma inversión pública, no sólo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sino a sus beneficios empresariales y gastos asociados, gabinetes de marketing incluidos. El coste pueden imaginar de qué servicios y derechos sale.

La última campaña publicitaria ha ocurrido en plena desescalada cuando «voluntariamente» se llevaron a personal sanitario pagado con dinero de todas y todos de los hospitales de Elche y Torrevieja al Ayuntamiento madrileño de Torrejón de Ardoz, donde gestionan otro hospital. Hecho que les valió una amonestación y que muestra a las claras las prioridades de este modelo.

La confirmación de hace unos días de la consellera de Sanidad en sede parlamentaria de que se acometerá la reversión, tras la muestra de algunas dudas por parte de Ximo Puig, que siempre ha sido más susceptible a las presiones de esta multinacional, no es sino una muestra de coherencia con un compromiso de gobierno asumido y un aprendizaje que muchos profesionales sanitarios, sindicatos y vecinos y vecinas venían defendiendo: que la salud no es un negocio y no puede ser pensada como tal, puesto que su objetivo es atender las necesidades de la población y las necesidades de los pacientes, no la rentabilidad económica de la concesionaria de turno.

Es esta una gran noticia para el derecho a la salud de la Vega Baja, que aún tiene mucho por avanzar, ya que, otro efecto pernicioso del modelo Alzira es la parasitación de los hospitales públicos de su entorno, asfixiándoles presupuestariamente y entrando en una competición impropia al derivarles las enfermedades «no rentables», como las crónicas.

Y es fundamental para apoyar a los sanitarios y sanitarias que se han dejado la piel en esta crisis, la defensa de sus derechos laborales y la posibilidad de realizar su trabajo de la manera menos precaria y más digna posible. Para eso necesitamos más inversión, más personal sanitario y, sobre todo, la gestión de la salud desde la perspectiva del derecho, no de la del negocio.

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