El pasado lunes, 3 de agosto, la Federación Española de Municipios aprobó la propuesta realizada por el Gobierno de España que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit acumulado. Gracias a este acuerdo, los más de 8.000 ayuntamientos españoles, entre ellos los 542 valencianos, van a poder disponer de un fondo de hasta 5.000 millones de euros (2.000 millones este mismo año 2020, y otros 3.000 para el 2021) para actuaciones municipales en áreas como medio ambiente, movilidad sostenible o infraestructuras. Esta propuesta se une a todas las que ha venido realizando el Gobierno de España, como la dotación de un fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para financiar las comunidades autónomas y hacer frente así a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas causadas por la covid-19.
Si todos los acuerdos son trascendentales para la recuperación económica, social y sanitaria de nuestro país, el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias tiene un doble significado. Por una parte, destina recursos adicionales a los ayuntamientos, las administraciones más cercanas al ciudadano, priorizando actuaciones en sectores estratégicos, como la construcción de centros educativos para menores de 0 a 3 años, la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, programas para la prevención de violencia de género o la mejora de centros de día para mayores.
Y, por otro lado, sienta las bases de un nuevo impulso a la reforma local, tan necesaria y reivindicada por nuestros municipios y que debe implicar una clara concreción de las competencias de las entidades locales como base para abordar una necesaria reforma de la financiación local.
He tenido el gran orgullo y honor de haber sido la alcaldesa de mi ciudad, Sagunt, durante 4 años, y conozco las carencias, necesidades y reivindicaciones que tiene el municipalismo. Después de analizar en profundidad el acuerdo alcanzado, es evidente que aborda algunos de los grandes problemas financieros que tienen los ayuntamientos, al permitir la utilización del superávit del ejercicio anterior y posibilitar el uso de los remanentes sin que computen como déficit ni incumplir la regla de gasto, sorteando así algunas de las limitaciones impuestas por anteriores gobiernos, y que cuestionaron gravemente el principio de la autonomía local. De esta forma, se activa una de las reivindicaciones más demandadas por nuestros ayuntamientos.
Este acuerdo supone un antes y un después en el municipalismo valenciano y español. El objetivo del Gobierno de España es claro: dotar de un protagonismo relevante al municipalismo. Así lo establece expresamente el acuerdo de gobierno: «El Gobierno prevé ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. Para permitir el desarrollo efectivo de estas competencias es necesario asegurar a las entidades locales recursos suficientes, para lo que a lo largo de la legislatura se aprobará un nuevo sistema de financiación local, en paralelo con la reforma de la financiación autonómica, que supere el marco de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local».
Como decía el pasado mes de abril la Federación Valenciana de Municipios y Provincias -palabras que suscribo- «los ayuntamientos son agentes fundamentales en la reconstrucción y la emergencia social a la que se enfrentan requiere de la puesta a disposición de recursos económicos extras para no dejar atrás a nadie». Esa es la línea de acción prioritaria de un gobierno que apuesta por una recuperación inclusiva, en el marco de las grandes transformaciones que necesita acometer nuestro país. Una estrategia en la que será imprescindible fortalecer las instituciones del ámbito local -ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones- tanto por su cercanía al ciudadano como por su capacidad para dinamizar la actividad económica y generar empleo.
Como ya dije en una anterior tribuna de opinión, es tiempo de esperanza y ese tiempo de esperanza lo quiere y lo va a liderar el Gobierno de España junto con toda la ciudadanía, agentes sociales, económicos e instituciones.
