Según el catedrático de Política Económica Antón Costas, «somos un país más decente desde la aprobación del Ingreso Mínimo vital». Al fin tenemos un instrumento para una realidad insoportable como es la pobreza en nuestro país. El IMV es un derecho que teníamos pendiente y que esperemos que corra mejor suerte que la ayuda a la dependencia, un gran logro reciente pero que no llega a todas las personas que tienen derecho a ella.

En su aplicación se observan demasiadas exigencias, papeleos, requisitos que no atienden la pluralidad y las necesidades actuales de las familias. Falta interconexión entre organismos, que impiden que el INSS acceda a los datos sin que la persona solicitante deba aportarlos; a los que se añade además la brecha digital que, unida al colapso de los servicios del INSS, a los cambios en la atención por la pandemia o la saturación de las líneas telefónicas, causa enfado en espera de que alguien eche una mano. El IMV no contempla la situación de los jóvenes mayores de edad como unidades independientes. Permanecen en una situación diabólica de nuevos ‘ni-ni’: ni pueden independizarse porque no tiene ingresos y, si lo hacen, no pueden tampoco acceder al IMV porque han de estar tres años en esa situación.

Que en las solicitudes aparezcan personas que no estén en los sistemas de empleo tiene que ver con el descrédito de éstas para mejorar la empleabilidad y para ofrecer empleo. La pobreza severa no es sólo carencia de ingresos. Las causas y consecuencias de la misma hay que diagnosticarlas y contar con instrumentos y estrategias para afrontarlas. La realidad de las personas sin techo, o las de pisos con múltiples convivientes sin lazos familiares acreditados, es, sin duda, otro problema a resolver. Mal vamos si el IMV no llega a las realidades de pobreza más severa: a los sinhogar y a los que, por no poder acceder a una vivienda, han de compartirla.

Para sacar a alguien de la pobreza, se debe garantizar una cierta estabilidad en los ingresos. El IMV, al mantener la protección de modo continuado incluso cuando se encuentra trabajo, garantiza esa estabilidad y deja de estresar con la posibilidad de salir del sistema de ingresos mínimos como ocurría ahora con las rentas autonómicas. Desde la indigencia no se puede encontrar ni mantener un empleo. La coordinación entre el INSS y la Generalitat ha de posibilitar pasarelas automáticas, reducir procedimientos, no generar incertidumbres en las familias beneficiarias y que haya una única resolución y un único pago que integre ayudas estatales y autonómicas.

Siempre hay quienes querrían pedir contraprestaciones a cambio del IMV, pero ante estas tentaciones Costas afirma: «Es necesaria una nueva mili: un año de ser pobre y luego opinamos». También hay que incrementar la solidaridad desde el lado más eficaz: redistribuir la riqueza y, para ello, hay que subir los impuestos a los más ricos, esa es la verdadera solidaridad. El IMV es un medio necesario para garantizar un mínimo vital pero no es suficiente para la plena inclusión. Se ha de completar con las acciones desde sanidad, educación, vivienda y, especialmente empleo, acceder al trabajo por dignidad. Hace falta un compromiso colectivo e institucional para desarrollar itinerarios laborales y sociales para estas familias.