Ni se rompe España, ni se cierran los centros de educación especial, ni se acaba el castellano, ni se acaban los centros concertados, ni se acaba el empleo en la concertada, ni se pasa de curso sin estudiar, ni va a suceder ninguna de las barbaridades que se están diciendo estos días sobre la ley Celaá.

No, señores y señoras. Son noticias falsas. Estamos en el tiempo de las ‘fake news’ y se están utilizando como arma política arrojadiza. O, ¿alguien se cree que esta ley supone un descenso a los infiernos?

Tan sencillo como acudir a la fuente y leerse los párrafos de los artículos de la Lomloe a los que se hace referencia, para que quede meridianamente claro que ni la letra ni el espíritu de la ley buscan las atrocidades que algunos proclaman a voz en grito.

Nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, porque la Constitución sigue vigente y también el histórico Acuerdo de España con la Santa Sede. Porque, además, debemos aplicar lo que dice el artículo 24.2.e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, así como dar cumplimiento al cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el cual, dicho sea de paso, constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida» de aquí a 2030.

Tan sencillo como levantar la vista más allá de nuestras fronteras y otear lo que está sucediendo en el resto de países europeos y sus sistemas educativos.

Siempre se nos llena la boca con la necesidad de fijarnos en ellos y tomar ejemplo. Cada vez que leemos el ‘Informe PISA’ y vemos los resultados de los escolares españoles, nos llevamos las manos a la cabeza y nos golpeamos el pecho exclamando que esto no puede seguir así, que debemos fijarnos en los países que obtienen mejores resultados. Pues bien, esta ley lo que pretende es, precisamente, aumentar la calidad de la enseñanza y evitar el abandono del alumnado que necesita mayores refuerzos, léase equidad, a imagen y semejanza de estos países.

Dos datos a tener en cuenta. En primer lugar, algo pasa en el sistema educativo español cuando nuestro índice de abandono escolar temprano es 7 puntos superior a la media europea. Y en segundo lugar, la media de repeticiones de la OCDE es del 11 % y la nuestra el 28 %. Si la repetición de curso fuera un procedimiento efectivo, también deberíamos estar por encima en los informes PISA, ¿o no?

Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad educativa de España? ¿España sigue siendo diferente? ¿Seguimos inmersos en los mismos postulados del año 1978 como si no hubiéramos progresado en más de 40 años de democracia? ¿Qué quieren, los precedentes inmediatos o los mediatos?

Los inmediatos son de sobra conocidos. Tenemos los políticos que tenemos y no son capaces de ponerse de acuerdo y consensuar un gran pacto educativo para dejar la educación fuera de las luchas partidistas. Y miren que estuvimos, casi a punto, con la propuesta de pacto educativo del entonces ministro Ángel Gabilondo y que se frustró en el último minuto por una llamada de Génova a su representante. Parafraseando a Jürgen Habermas, para que dos individuos puedan desarrollar una comunicación efectiva, ciertos factores se deben dar obligatoriamente, empezando con nuestra propia actitud y predisposición.

Los mediatos me llevan al origen, a los Pactos de la Moncloa, a hacer un poco de historia. El famoso artículo 27 de la Constitución Española, tan manoseado por el público, si se fijan, es uno de los más extensos, si no el que más. ¿Causa? Muy sencillo, no había manera de acercar posiciones en la comisión negociadora. Al final, se dejó tal cual lo conocemos, con una calculada ambigüedad, para salvar los muebles, permitir Gobiernos de uno u otro signo y poder aprobar la Constitución que, ciertamente, era la prioridad para evitar una nueva deriva autoritaria.

De aquellos barros, estos lodos.