Como la inmensa mayoría de españoles, voté sí en el referéndum nacional de diciembre de 1978. No fue una decisión fácil para quien como yo transitaba por el republicanismo de izquierdas y el antifranquismo, en la lucha política por la libertad contra la dictadura del innombrable. Sin embargo, hoy, tras el transcurso de cuarenta y dos años de democracia, libertad y desarrollo en todos los ámbitos, considero que fue un acierto para el interés general de España y de todos cuantos vivimos en los diversos y maravillosos territorios que la componen.

Negar, como está haciendo la parte podemita del gobierno, que el sistema político votado en referéndum es una democracia, es una falacia inasumible por cualquier persona medianamente informada. Ya en su día, por ejemplo, el Partido Comunista de España (PCE), que tuvo su representante tanto en la redacción como en el debate parlamentario; con motivo de la campaña electoral del referéndum, dejó meridianamente sentado que la Constitución de 1978, era plenamente democrática. Y esto, a pesar de que contuviera elementos poco, o mejor dicho, nada compatibles con su ideología, como suponía la aceptación de la monarquía parlamentaria o la bandera que había blandido el franquismo tanto en la guerra como después, durante los años interminables de la dictadura. Y no digamos nada del apoyo prestado sin ambages por el PSOE a dicha constitución, tanto en su redacción como en su aprobación por las Cortes el 31 de octubre de 1978, así como en el referéndum.

Aunque sea una obviedad, hay que decirlo. Prácticamente, nadie, puede estar absolutamente de acuerdo con todas y cada una de las cuestiones contenidas en una constitución, que nada menos pretende contemplar todos y cada uno de los múltiples asuntos y problemas que conciernen a una nación, máxime de la importancia de la nuestra, tanto desde una visión histórica como actual. Se trata, como es lógico, de que un texto fundamental como éste prevea la base y esencia del devenir de su pueblo con su idiosincrasia o carácter. Ni más ni menos, y esto lo considera en su totalidad, y de manera genial nuestra constitución. Flexible y garantista como pocas en el mundo. No hemos tenido nunca un instrumento legal como éste, y difícilmente lo tendremos en el futuro, si el vigente gobierno, sigue subordinado a la colaboración más extremista del mismo –Podemos- y al conjunto de la oposición independentista, cuyo objetivo no oculta: derribar la democracia que sustenta la constitución. Método: socavarla mediante el fraude de ley constante, desde dentro del gobierno y eliminar a Montesquieu. A este lo quieren muerto y bien muerto. Más muerto y enterrado que a nadie. Quieren nombrar ellos a los jueces. Saben que sin poder judicial independiente, se pueden derrocar hasta las más consolidadas democracias. Y la nuestra no es una excepción.

Lo dicho no significa, en absoluto, que ya se haya conseguido el “Estado social y democrático de Derecho” que nuestra Constitución consagra en su artículo primero. Pero éste habrá que alcanzarlo sobre lo ya conseguido, sin perderlo; y por los cauces de la unidad y solidaridad territorial, la libertad, la justicia independiente, la igualdad y el pluralismo político. Sin olvidar el rigor y la eficacia. Por los derroteros por los que camina actualmente el gobierno, vamos al abismo.