Las consecuencias provocadas por la pandemia del coronavirus están pasando una enorme factura a la inmensa mayoría de economías a escala europea y mundial. Aunque desgraciadamente, nuestro país se lleva la palma, con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020 del 11 %. Es una caída inédita en el conjunto de la Unión Europea, a la cual cabría añadir un desbocamiento del déficit público hasta prácticamente los 800.000 millones, así como también un incremento de la tasa de desempleo hasta el 16 % de la población activa, todo pese que a día de hoy más de 700.000 personas todavía se encuentran inmersas en un ERTE.

Así las cosas, la pregunta que cabe hacerse en este momento es si el recién entrado año 2021 será el de la recuperación de todo lo que destruyó la pandemia durante el año anterior, tal como se augura desde el Gobierno, o si, por el contrario, únicamente nos encontraremos ante un año en el que se iniciará una progresiva recuperación que requerirá de unos cuantos años más hasta su culminación.

Según las últimas previsiones realizadas por el Gobierno, durante el año 2021 el PIB experimentará un incremento cercano al 10 %, lo cual supondría recuperar en un solo ejercicio prácticamente toda la actividad económica perdida durante el año anterior y, por ende, una buena parte del empleo destruido.

Desde mi punto de vista, las previsiones gubernamentales desgraciadamente quedarán muy alejadas de la realidad, a tenor de los datos epidemiológicos y a tenor de las medidas, o más bien a la ausencia de éstas, impulsadas desde el Gobierno hasta la fecha.

En primer lugar, para que estas ‘optimistas’ previsiones tuvieran algún viso de plasmación en la realidad, se necesitaría de una mucho mayor capacidad de vacunación que la demostrada hasta la fecha, puesto que, de continuar con el actual ritmo, la deseada inmunidad de rebaño, lejos de conseguirse antes del verano como se señalaba desde el Gobierno, no se alcanzaría hasta prácticamente final de año.

Y, en segundo lugar, se necesitaría aprobar una serie de medidas de carácter urgente. En este sentido, resulta imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque de reactivación económica, que tenga como eje prioritario la implementación de un verdadero plan de rescate de los autónomos y las pymes, el sector económico más golpeado por la pandemia. Desgraciadamente, nuestro país está a la cola en esta materia, muy por debajo de países como Alemania, Francia o Reino Unido, los cuales están apostando mucho más por este colectivo a pesar de que su peso económico resulte infinitamente superior en el caso de España.

Analizando la situación de los diferentes agentes económicos por separado, puede apreciarse como, sin lugar a dudas, los autónomos y las pymes están resultando el colectivo más vulnerable a los efectos económicos de la pandemia y, por tanto, el colectivo que en este momento necesita en mayor medida del paraguas protector del Estado. A diferencia de este colectivo, los trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuentan con la herramienta protectora de los ERTE, los funcionarios públicos tienen su empleo y retribución integra garantizada por ley, mientras que las grandes empresas suelen contar con músculo financiero suficiente para poder resistir durante un tiempo.

Pero además de por una cuestión de justicia social, los autónomos y las pymes deben ser en este momento el colectivo prioritario a proteger de todas las Administraciones públicas por una cuestión de mera supervivencia del propio sistema económico. Estamos hablando de la verdadera columna vertebral de la economía española y, sobre todo, valenciana; de un colectivo que aporta más del 95 % del tejido empresarial, así como es el generador de la mayor parte del PIB y también del empleo. Y si les dejamos caer, las previsiones del Gobierno resultarán pura ciencia ficción.