Hace algo más de un año que María (nombre ficticio), una mujer hondureña vecina de Xirivella, acudió a la comisaría del municipio para denunciar que había sido víctima de una agresión por parte del casero de un amigo suyo. La Policía Nacional, al comprobar que estaba en situación irregular, se negó a recoger la denuncia y aplicando la legislación de extranjería al tiempo que obviaban el estatuto de la víctima propusieron que fuera sancionada con la expulsión del país. Acababa de ser agredida, pero en lugar de reconocer su condición de posible víctima priorizaron sancionarla por su situación administrativa irregular. El caso se denunció en los medios de cmunicación, la ciudadanía mostró su rechazo y finalmente la Subdelegación del Gobierno lo acabó archivando.
Después de estudiar la queja presentada, el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio del Interior que se asegurara «que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular una denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional», ya que esta forma de proceder disuade a las víctimas de denunciar delitos e impide que el Estado persiga y castigue a los victimarios, generando desprotección para las primeras e impunidad para los segundos. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha rechazado la recomendación y, por tanto, continuará proponiendo la expulsión de presuntas víctimas si se atreven a acudir a una comisaría a poner una denuncia. Y no solo de presuntas víctimas, sino de cualquiera que acuda a una comisaría a realizar algún trámite. Hace algunas semanas, varias mujeres fueron sancionadas con multa o expulsión cuando fueron a una comisaría de Paterna a recoger el DNI de sus bebés. En este caso, además, los funcionarios las trataron de forma intimidatoria y las acusaron de aprovecharse de las leyes españolas. La próxima vez tendrán que encargar a algún conocido que realice el trámite por ellas porque tienen miedo a pisar la comisaría.
Que una ley, la de extranjería, establezca un régimen diferenciado de derechos y libertades para personas que viven en un mismo territorio en base al criterio de la nacionalidad o al de la residencia legal es, por más que nos cueste verlo, discriminatorio y racista; una manera de decir que no todos somos iguales y que para ellas, para las personas en situación administrativa irregular, no operan los mismos principios de justicia que para nosotros. Si además de ello, las personas a las que se condena a vivir bajo ese régimen restringido de derechos y libertades no pueden ni tan siquiera decirle al Estado que están siendo explotadas, agredidas o maltratadas, estamos perpetuando una opresión que, aunque también nos cueste verlo, se puede volver en contra de todas nosotras. Que el Ministerio del Interior haga caso omiso de estas consideraciones resulta preocupante, pero no es sorprendente. A estas alturas, a todos nos ha quedado claro que el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes no es una prioridad para Grande-Marlaska. Pero el Defensor es claro al señalar que no solo les afecta a ellas: disuade a las víctimas de presentar denuncias, vulnera el Estatuto de la víctima del delito y supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. Pero todo ello no solo desprotege y criminaliza a las víctimas, sino que pone en peligro la actividad punitiva del Estado al impedir que se investigue a los victimarios.
En los últimos meses diferentes organizaciones han señalado en varios informes el aumento de incidentes discriminatorios racistas hacia personas migrantes. En las Islas Canarias, uno de los lugares donde la política del ministro Marlaska se revela como más cruel al mantener hacinadas a miles de personas por su negativa a autorizar traslados a la península, la Fiscalía ha abierto una investigación por delito de odio a los organizadores de diferentes quedadas para agredir a inmigrantes. El ministro de Interior, por su parte, dado su empeño en realizar deportaciones seguirá obligando a las víctimas de presuntos delitos a que tengan que presentar sus denuncias en el juzgado de guardia.
