La prórroga por cuatro meses más del sistema de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de mayo), constituye una excelente oportunidad para evaluar su impacto desde el inicio de la crisis generada por la covid, situación actual y perspectivas de futuro, atendiendo tanto a su metodología, como a la evolución de su cobertura a empresas y trabajadores y a sus efectos sobre el empleo y la economía.
En el primer caso, se trata de un modelo de gestión de la crisis basado en el diálogo social (ASDE), que representa un auténtico cambio de paradigma respecto de crisis anteriores basadas en la imposición de reformas y recortes generadoras de precariedad laboral y desigualdad social. La capacidad de concertación demostrada por los agentes sociales adquiere aún más valor en un contexto de confrontación política que amenaza incluso con trasladarse al ámbito ciudadano.
Diseñados como un instrumento regulatorio flexible en defensa del empleo, los ERTE han operado como un auténtico escudo social, garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo en las empresas y sectores más afectados por la crisis (3,5 millones en abril de 2020 y 558.000 en la actualidad), así como los salarios y contribuciones de trabajadores y empresas (más de 30.000 millones de euros durante los últimos 14 meses).
El resultado puede considerarse como globalmente positivo, en términos tanto económicos como sociales, habiéndose invertido primero la relación entre sus principales variables de manera que, a diferencia de crisis anteriores, la caída del empleo ha sido menor que la del PIB, y reducido luego el calendario de recuperación. Mientras que en la crisis anterior fueron necesarios 12 años para recuperar los niveles de empleo de 2008, ahora se ha superado ya el volumen de afiliados a la Seguridad Social (19.344.258) registrados antes del estallido de la covid, al tiempo que la OCDE mejora sus previsiones de crecimiento para España (5,9% este año y 6,3% el siguiente) y adelanta a 2022 la vuelta al PIB precrisis, lo que permitirá reducir la tasa de paro (15,3%), que sigue siendo prácticamente el doble de la media europea.
Ahora se inicia una nueva fase definida por estrategias proactivas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno español y remitido el 30 de abril a la Comisión Europea, entre cuyas reformas se incluye el establecimiento de un «mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores» que supone la construcción de un nuevo modelo de ERTE, similar al kurzarbeit alemán, que facilitará la adaptabilidad empresarial a los ciclos de la demanda, el mantenimiento del empleo y la reducción de la precariedad laboral.
