Los recientes ataques racistas en Murcia, que han provocado la muerte a tiros de un joven de origen marroquí, heridas graves por apuñalamiento a una mujer ecuatoriana y el estado de coma a otro chico marroquí golpeado con una barra de hierro, son una prueba evidente de que los discursos de odio generan violencia. Los discursos de odio son violencia.

Las campañas demagógicas y xenófobas de Vox y otros grupúsculos fascistas culpabilizando de la crisis y de la delincuencia a las personas migrantes han creado el caldo de cultivo necesario para que algunos se hayan decidido a poner en práctica ‘medidas’ para ‘solucionar’ los ‘problemas’ derivados de la ‘invasión de inmigrantes’ que denuncia la ultraderecha. Los autores materiales de estos hechos han sido identificados, pero quienes les dieron ‘argumentos’ para actuar siguen impunes y sin que nadie impida que sigan vertiendo sus mensajes de odio amparados en una supuesta libertad de expresión.

Una situación similar estamos viviendo en la Comunitat Valenciana. Los dirigentes de Vox y España 2000 no sólo atacan cualquier iniciativa que pretenda fomentar la interculturalidad, sino que apuntan hacia la población migrante como la causante de todo tipo de problemas y conflictos. Y, mientras tanto, las autoridades miran para otro lado. Un ejemplo reciente y elocuente de esta pasividad frente a quienes incitan al odio es el acto que convocó España 2000 la pasada Navidad bajo el lema ‘No al islam’. En esa concentración, además de burlarse de las personas que profesan la religión musulmana, quien estaba transmitiendo el acto en ‘streaming’ y el líder del partido ultraderechista, José Luis Roberto, hicieron un llamamiento a «luchar contra la invasión» de los inmigrantes musulmanes que «suponen un peligro», «una pérdida de nuestra identidad y de nuestra seguridad», «que parecen una quinta columna para preparar la invasión», «parecen soldados». E insistieron en que el «islam es incompatible con la democracia», «de aquí a 30 años habrá una sociedad islámica en contra de nuestros principios y de nuestra sociedad».

Sin embargo, para la Delegación del Gobierno no se trató de un acto de islamofobia y la policía actuó correctamente permitiendo que los ultras lanzaran sus soflamas porque no pasaron de las palabras a los hechos. Si alguno de los presentes, inspirado por el discurso de su líder, hubiera convocado a gritos a dar «un escarmiento a los moros», ¿tampoco habría actuado la policía hasta que se hubiera producido la agresión? Que se sepa, nadie hizo ese llamamiento explícito esa tarde, pero probablemente muchos pensaron que es legítimo ‘defenderse’ de quienes «parecen soldados» que amenazan «nuestra sociedad» y otros, en estos momentos, ya han tomado la decisión de pasar a la acción.

Mientras tanto, la institución que dirige Gloria Calero no sólo avala la actitud policial pasiva frente a este tipo de manifestación que incita al odio sino que, para mayor escarnio, ha impuesto una sanción de 601euros por perturbación del orden público y alterar la paz pública a una de las personas que recriminaron a los ultraderechistas sus discursos racistas y xenófobos y que pidió a la policía que interviniera. Y el juzgado sobreseyó provisionalmente la petición de la Fiscalía de juzgar por delito de odio a España 2000 porque en el informe de la policía no se apreció «simbología de carácter xenófobo, violento o racista»; el caso está recurrido en la Audiencia.