Las polémicas del recibo de la luz y del ‘chuletóngate’plasman dos caras de la lucha contra los gases efecto invernadero (GEI). Una es el déficit de confianza técnica de los protagonistas, incluida la autoridad moral de los responsables del control de las emisiones de CO2 y del escatológico ozono también presente en la cesta de GEI. La segunda es la dificultad de pasar de las musas al teatro, es decir convertir en acciones concretas los objetivos y propósitos generales, porque inmediatamente afloran los conflictos de intereses. Habrá tiempo para desarrollar las contradicciones del sistema eléctrico, pero la actualidad obliga a detenerse en el sector cárnico-ganadero y su realidad plasmada en más de un millón de puestos de trabajo y su papel de muro de contención para que no avance aún más la España despoblada, con una aportación muy importante para el trabajo de la mujer. Las reacciones que se han producido a las declaraciones del ministro Garzón, que recogían razones anteriormente difundidas, se explican a la luz del impacto potencial que cualquier medida pueda tener en el empleo y la estabilidad económica de muchas familias en España, donde las cifras de paro, precariedad y desigualdad son abrumadoras.
La acotación del presidente a su ministro no parece haber disipado la preocupación, porque hay motivos para ella. Es cierta la contribución de la ganadería a la emisión de GEI y, por lo tanto, su reducción está dentro de los objetivos de la UE para alcanzar el objetivo global de la reducción del 55 % de GEI en 2030 respecto a los niveles de 1990 (llamado ‘Fit for 55’, que en traducción libre sería adelgazar hasta el 55 %). El sector es consciente de ello y toma iniciativas de sostenibilidad sobre las que profundizar con el apoyo de las administraciones públicas, en el marco de la colaboración público-privada y la aplicación de los fondos europeos.
Se avecinan tiempos difíciles donde la capacidad de pedagogía política ante la sociedad va a ser fundamental por la profundidad de los cambios de todo tipo que van a experimentar nuestras vidas en los próximos años. Aunque el Gobierno está adoptando medidas estimables, sigue sin tener, o no se percibe, una estrategia general clara sobre este horizonte inexorable. Sus acciones frente al clima se perciben más como un simple agregado de políticas sectoriales que como una estrategia general que debe atravesar la mayoría de las políticas económicas y sociales. Echamos también en falta un compromiso a favor de la pedagogía social que explique a la población la transformación radical que, en nuestros hábitos de vida y consumo, nuestros modos de transporte, las fuentes de nuestros empleos van a tener que experimentar. La UE, a través del Pacto Europeo por el Clima, está intentando comprometer a la sociedad civil, clases trabajadoras europeas, profesionales, agricultores y ganaderos en esa dinámica, pero nuestra impresión es que el debate en España está muy retrasado.
Antes de la nueva ley del clima está este Pacto Verde Europeo que Bruselas impulsa con la parte del león de los fondos Next Generation con sus tres componentes (todas ellas relacionadas con los actuales efectos del Antropoceno): afrontar el incremento de los GEI; mantener la biodiversidad; y reducir el deterioro medioambiental. Estamos frente a objetivos distintos entre sí, aunque con intersecciones entre ellos. El proceso sigue avanzando. Levante-EMV adelantó el lunes los puntos principales, hoy el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, detallará los nuevos mecanismos de mercado, impositivos y de normas sobre emisiones que van a marcar el rumbo hacia del objetivo para 2050 que podría llamarse ‘Fit for 100’. Van a ser los detalles de decisiones que afectarán nuestra forma de vivir coherentemente con lo que nos vamos a comprometer en la vital COP26 de noviembre en Glasgow. Conoceremos, cifras en la mano, los objetivos de la UE en términos de GEI para el ya cercano 2030, camino de la neutralidad climática para 2050 (emitir solo los GEI que seamos capaces de absorber de forma natural o artificial): hasta hace dos años hablábamos de reducir el 40 %, hoy necesitamos ampliar la meta hasta el 55 %. Cifras ambas que destrozan el voluntarioso decremento del 23 % de la recién promulgada ley española.
Para completar el sentido de lo que todavía queda por hacer, apuntar que el pasado día 6 la Comisión empezó a determinar las inversiones, que tendrán la ventaja de considerarse bonos verdes (se conocen como taxonomía) donde quedan muchos debates por vivir que habrá que resolver con capacidad técnica y solvencia democrática. Apuntemos algunos: todavía está pendiente el delicado compromiso sobre la inclusión o no de la energía nuclear en esta taxonomía, aunque la Comisión ha prometido pronunciarse en breve; una situación parecida se da con el gas natural (emite menos GEI que otros combustibles fósiles), cuyo papel hay que revisar en la transición desde el carbón y el petróleo a las energías renovables; el papel de la Política Agricola Común en la reducción de los GEI.
La etapa hasta el 2030 será decisiva y las consecuencias económicas, sociales y laborales de la ‘transformación verde’ someterán a una prueba de carga el liderazgo de los gobiernos y la fortaleza de nuestras estructuras democráticas.
