La conferencia del ‘president’ Ximo Puig la pasada semana en Madrid ha provocado airadas críticas de la presidenta de esa comunidad autónoma y de algunos de sus consejeros, además de las procedentes de la patronal madrileña. Nada sorprendente, habida cuenta de que el ‘president’ vino a reclamar un impuesto por la capitalidad, puesto que ésta objetivamente beneficia la capacidad de captar inversiones y recursos, públicos y privados, de esa «España dentro de España». Más sorprendentes resultan las críticas de los representantes políticos valencianos de determinados partidos políticos o de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana, que en tromba y con escasos matices se han sumado a aquellas.
Es muy probable que la fórmula propuesta -un impuesto- no sea muy elaborada. Pero, ¿acaso pretendía serlo? Me atrevería a afirmar que no. Lo que se planteó en Madrid, una vez más, era y es la flagrante paradoja de quienes se permiten dar lecciones sobre las ventajas de bajar la fiscalidad desde la cómoda posición de disponer de las sedes sociales de las grandes empresas, del Banco de España, de todos los ministerios, de RTVE, del Tribunal Constitucional, del Congreso y del Senado, de todas las embajadas, de los mayores centros culturales, deportivos, académicos… y de toda su cohorte de altos funcionarios y directivos. Pero también, esto es lo más doloroso, del empadronamiento de algunos ciudadanos de la Comunitat Valenciana de elevado patrimonio y renta que, atraídos por ese ‘dumping’ fiscal, enarbolan la bandera de conveniencia.
Se le ha dicho al ‘president’ que se ocupe del fracaso de su gestión. ¿Contabilizada en qué? ¿En muertes por covid? ¿En ayudas a empresas, trabajadores y autónomos? ¿En vacunación? ¿En diálogo social? Sin comentarios. Se ha dicho que esa propuesta supone un impuesto más a los madrileños, como si estuvieran masacrados por la fiscalidad, pero ¿no habíamos quedado en que en la Comunidad de Madrid es donde menos impuestos se pagan de «España dentro de España»? También se ha dicho que se trataba de una intromisión en asuntos propios de los madrileños; sin embargo, la armonización fiscal y la financiación de las comunidades autónomas ¿no es un asunto de todos, pues de eso se trata?
Se ha dicho que las familias están sometidas a impuestos, como si todas las familias fueran iguales y los impuestos actuaran contra los que formamos familia con independencia de nuestros ingresos o nuestro patrimonio. Y se ha obviado qué se hace con esos impuestos y a quiénes se beneficia con los servicios públicos: sanidad, educación, pensiones (también, que las hay no contributivas) o servicios sociales de distinta índole. Por lo visto, estos no son familia.
Porque dicen que «mantener los recursos en manos de los agentes económicos impulsa la actividad». ¡Qué rápido se olvidan de los ERTE, de las ayudas directas, de los préstamos y avales! Todos ellos posibles con los recursos del Estado. Cuesta recordar los aplausos de las ocho de la tarde cuando parecía reconocerse unánimemente el trabajo desarrollado por el personal sanitario, el conjunto de los servicios públicos y los trabajadores esenciales. Era un momento en el que proliferaban los discursos optimistas sobre cómo iba a cambiarnos a mejor la pandemia y donde la necesidad de unidad política era la nota dominante. Después vinieron las caceroladas alimentadas con mentiras, los miedos, los egoísmos y la crispación como estrategia para sacar tajada.
Cuando el mundo se dispone a poner límites a la elusión fiscal de las grandes multinacionales estableciendo un mínimo en el impuesto de sociedades, cuando se pretende evitar el ‘dumping’ fiscal entre Estados por captar inversión, cuando se acuerda que el dónde radique la sede social de una gran corporación no puede ser el único determinante para el pago de impuestos porque sus beneficios son globales… aquí, en nuestra querida España, se defiende la autonomía fiscal de las comunidades autónomas por parte de quienes, en casi todos los órdenes de la patria, propugnan unidad y uniformidad. Si quieren entenderlo, sigan la pista del dinero.
No creo que el ‘president’ tenga nada en contra de los madrileños, ni creo que lo crean quienes le critican. Lo que sí creo es que necesitamos un nuevo sistema de financiación que nos haga justicia, a los valencianos y al resto de comunidades autónomas, y por eso reclamamos recursos coherentes con las competencias asignadas a éstas, que son todas las que definen el Estado de bienestar salvo las pensiones; por eso reclamamos que la deuda acumulada por la infrafinanciación se condone; por eso proponemos reglas fiscales que eviten ese ‘dumping’ entre comunidades. Y no se lo pedimos a Madrid ni a su presidenta, se lo pedimos al Gobierno de España.
Me gustaría quedarme con la respuesta de la UE, el diálogo social, los ERTE, las ingentes ayudas públicas y la esperanza de que seamos capaces de entender, de una vez por todas, que un Estado fuerte en una Europa reforzada es la mejor protección frente a la zozobra. Y siempre con el recuerdo de tanto dolor, para no pasar página sin consecuencias que nos preparen para el futuro.
