Hace unos días, se publicaban los últimos datos sobre la pobreza en España. Estoy convencido de que si preguntamos a las personas que están a nuestro alrededor, muchas de ellas no se acuerdan de estos datos, entre otras cosas porque apenas se habló de la situación en la que se encuentra la pobreza en nuestro país, como si en el día a día la pobreza esté para quedarse y para siempre.

Otros temas, como las Olimpiadas, los viajes al espacio de los magnates con fines comerciales, etcétera, eclipsan las noticias realmente importantes y preocupantes. La covid-19 no solo está afectando a la salud de los ciudadanos, sino también a la economía y al porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (lo que se conoce como la tasa Arope), que ha pasado del 25,3 % en 2019 al 26,4 %.

El problema de la pobreza, además, se incrementa porque afecta considerablemente a la infancia y a la juventud, debido a la crisis sanitaria. Según la OGN Save the Children, el número de menores en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en más de 2,5 millones. En la Comunitat Valenciana, 310.000 niños y niñas estarían en una situación de pobreza, lo que supone un aumento de más del 2,4 % respecto a los datos del año anterior. En opinión de Save the Children, «si no se toman medidas urgentes estaremos condenando a las futuras generaciones».

La última encuesta publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística que se refiere a las Condiciones de Vida, en 2020 (con datos de renta de 2019), un 1,4 % de la población en nuestro país se encontraba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material severa y con baja intensidad en el empleo. Con todo ello, y siguiendo esas mismas fuentes, la tasa de riesgo de pobreza aumentó en 4,3 puntos para los mayores de 65 años y 0,5 puntos para los menores de 16 años. Estos datos no nos pueden dejar indiferentes.

De los nueve conceptos que determinan la inclusión de la población en situación de carencia material, los que más empeoraron en 2020 fueron el retraso en el pago de los gastos con la vivienda o en compras efectuadas a plazos en los últimos 12 meses (13,5 % frente a 8,3 % en 2019) y no tener una comida de carne o pescado al menos cada dos días (5,4 %, frente a 3,8 %). En vez de mejorar quienes se encuentran en peores condiciones, sucede todo lo contrario, empeoran más.

Por comunidades autónomas en 2020, Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%) y Extremadura (12,7%) fueron las de mayor porcentaje de personas que llegaban a fin de mes con ‘mucha dificultad’. Sin embargo, las de menor porcentaje fueron las de Aragón (5,5 %), País Vasco (5,6 %) y la comunidad foral de Navarra (5,9 %). La desigualdad entre comunidades autónomas es más que evidente.

Quiero insistir en que, aunque se utilicen cifras para cuantificar la magnitud del problema, estamos hablando de personas con nombres y apellidos.

La principal causa de la pobreza en España, en opinión del economista José Carlos Díez, es ser parado o inactivo. El problema se agudiza cuando pasan los años y sigues sin encontrar trabajo. Según los datos del primer trimestre 2021 de la EPA, los parados de larga duración se situaban en un 18,4 %. Un buen caldo de cultivo para que la pobreza se abra camino, ya que muchos de ellos se descapitalizan y «han perdido la esperanza de volver a encontrar un empleo». Una denominada pobreza laboral o precariedad salarial, en opinión de Díez, que se concentra en las pymes, especialmente en las micro pymes con menos de diez trabajadores. Estamos totalmente de acuerdo, ya que esas empresas son las que más han sufrido el impacto de la crisis provocada por la pandemia. Tendremos que esperar a los datos de la encuesta sobre 2021, aunque lo más probable es que muestre la gravedad de esta situación.

Por lo tanto, la prioridad es y debe ser el empleo digno; se tiene que crear empleo a velocidad de crucero, utilizando con atino las políticas activas de empleo. Al mismo tiempo, como una de las causas de la carencia severa es poseer un bajo nivel de estudios, hay que continuar con la formación, concluir los estudios secundarios y promocionar la Formación Profesional. Por otra parte, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como renta asistencial, es necesaria, aplaca el problema, pero no lo soluciona.

En definitiva, crear empleo digno debe ser prioritario y, por ello, debe estar incluido en todas las hojas de ruta tanto del Gobierno de la nación como de los Gobiernos autonómicos.