La Generalitat dedicará duante los próximos cuatro años más de 46 millones de euros para servicios de asesoramiento a gitanos, inmigrantes y el coletivo LGTBI. Creo obligado confesar que actúo con ventaja porque ni la etnia, el origen o la opción sexual son factores determinantes de la opinión que me merezcan, individual o colectivamente, ninguno de los señalados y que considero impropio meterlos a todos en el mismo saco.
Un elemento importante es la llegada de extranjeros que se asientan en nuestro país. En principio, todos ellos están incluídos en el concepto de ‘migrante’ como desplazamiento geográfico de individuos o gupos por razones generalmente por causas económicas o sociales pero no lo aplicamos a quienes han ocupado nuestro territorio contribuyendo al auge del ladrillo comprando viviendas ni a los de larga estancia que fomentan la restauración. Lo hacemos en menor medida a quienes han conseguido los puestos de trabajo residuales y peor remunerados y lo atribuímos plenamente a los que se jugaron la vida, y tantas veces la perdieron, huyendo de las guerras y la hambruna. Son los que conocemos como ‘sin papeles’.
Los gitanos son una étnia que se reconoce como ‘pueblo’, administrativamente españoles e ideológicamente apátridas que mantienen y priorizan sus leyes, ritos y costumbres, su himno y su bandera. Todos los gobiernos, en sus distintos ámbitos, han creado instituciones tendentes a su integracón o a consolidar sus peculiaridades. Y estas instituciones les asesoran o les remedian los problemas o han de modificarse sin incrementarlas.
Los LGTBI. Aquí sí que me estrello. Que se hayan agrupado, como han hecho las mujeres, o se monten una divertida mascarada el dia del Orgullo es una forma de exigir el respeto que merecen porque, como decía Kant, las cosas son lo que son y no lo que parecen. Y tengo muchos conocidos, a través de los cuales he comprobado que su cotidianidad no difiere de la de los heterosexuales.
Mi posición al respecto no desvirtúa la tozuda realidad demostrativa de los problemas concretos que les acechan, y en modo alguno quisiera que se interpretara como una negativa a la atención que, en su caso, necesiten. Lo que me cuestiono seriamente es el método del Consell, y se debe a que desconocemos los estudios razonados determinantes del número de personas que serán atendidas, la casuística de su problemática, la selección de los informantes y los centros de atención, especialmente los mencionados en segundo y tercer lugar.
La Generalitat es un órgano administrativo, sujeto a derecho en el ejercicio de sus competencias que le atribuye nuestro Estatuto de Autonomía. Ni una ONG, ni una gestoría, y la extranjería es una competencia que reside exclusivamente en el Estado. Como persona jurídica, las medidas de carácter social no pueden exceder de las normas, estando vedados los sentimentalismos justificados que duelen a la ciudadanía. A los inmigrantes que aún no han adquirido la nacionalidad solo cabe informarles de los requisitos para obtenerla y, si carecen de ellos, si entran en la categoría de los ‘sin papeles’, del horario del próximo sistema de transporte para deportarlos; a menos que sea posible facilitarles un trabajo, aunque sea en la nómina de los asesores, y una vivienda que acoja a la familia. La casuística del resto no la sabemos y es notorio que existe un sistema de enseñanza obligatoria que a todos acoge, una sanidad universal que a todos atiende, especialidades médicas en psiquiatría y psicología a cargo de profesionales expertos. El propio Colegio de Abogados dispone de un turno de oficio, gratuíto, al servicio de quienes no pueden pagar una asesoría legal y sus profesionales son de probada solvencia. No se puede, ni se debe, crear otro coladero para amigos parientes y aprovechados que incrementen la carga de personal al servicio de las administraciones públicas.
Mucho tememos que la solidaria y generosa vicepresidenta, Mónica Oltra, haya caído en una de esas oquedades desde las que se pierde la perspectiva y en su esfuerzo demostrado por la redención de esta parte de la humanidad haya cometido, en primer lugar, el error de discriminar, con su señalamiento, a las personas que intenta proteger impartiendo carnés de identidad por razón de nacionalidad, raza o condición que les permita acceder al asesoramiento prometido porque es de suponer que quienes no formamos parte de estos colectivos no podamos acceder a sus servicios.
A quien habría que asesorar, mejor dicho, educar desde la cuna, es a aquelllos individuos que por principio les rechazan hasta incurrir en delitos contra su integridad física o moral. Entre los emigrantes, gitanos y LGTBI hay de todo, como en cualquier casa de vecinos. Bondadosos y egoistas, trabajadores y vagos, delincuentes y gente de bien en el mismo porcentaje que se da en todos los colectivos y, por tanto, no se librarán de las críticas. Tengo una querida amiga que sufrió ‘bullying’ por el hecho de que su preciosa melena fuese pelirroja; hace pocos días. Hace pocos días, el atuendo basado en la tradición y simbología de los magistrados el día de la apertura del Año Judicial, era objeto de mofa en un artículo tan aburrido como un día de lluvia en pleno verano. Nadie está libre del acecho de radicales y obtusos, de mezquinos que envidian lo que no tienen y rechazan lo que no son. Estos sí que necesitan de un buen asesoramiento.
