La España de las nacionalidades y las regiones del siglo XXI reclama nuevos pactos políticos para este nuevo tiempo. Con la vista puesta más en 2030 que en 1978. Porque nadie nos va a esperar en este tiempo donde los cambios ocurren a una velocidad desconocida hasta ahora. Siendo muy conscientes de la dificultad que entraña iniciar el debate sobre nuestro modelo territorial, pero hay que salir de la zona de confort, político, académico y cívico e intentarlo. Sin olvidar el papel fundamental que los medios de comunicación tienen y tendrán en la formación de nuevas narrativas. Tal vez no estamos cómo y dónde lo imaginaron inicialmente los protagonistas de la transición, pero aquí estamos. Fruto de pactos políticos esta es nuestra organización territorial. Ha habido de todo. Hemos tenido momentos centrípetos y centrífugos. Avances y reformas, retrocesos, propuestas de acuerdo que no han visto la luz y momentos muy difíciles. Visto en perspectiva histórica, hemos avanzado mucho en la parte de autogobierno y poco en la de gobierno compartido. Los dos pilares fundamentales que dan significado al concepto genuino de foedus (pacto) donde el término federal tiene su origen etimológico. Somos un Estado compuesto con textura federal sin cultura federal. Parece que hasta ahora España no sabe ser federal, como dice E. Juliana. Yo creo que hasta ahora no ha querido, y no sé si podrá serlo. Pero debería saber, debería querer y debería poder. Porque nuestro modelo descansa en los principios básicos de reconocimiento de la diversidad profunda, lealtad institucional, coordinación y cooperación.
La pandemia nos permite extraer algunas enseñanzas valiosas. Ha puesto a prueba al Estado autonómico y ha salido fortalecido. Ha servido para dar mayor densidad al modelo de Estado autonómico. Se han realizado más conferencias de presidentes y conferencias sectoriales que en toda la historia anterior. Diríamos que el Estado autonómico se ha federalizado un poco más, puesto que se han utilizado como nunca antes los instrumentos de gobernanza existentes. Se ha afianzado en el imaginario colectivo una España más «policéntrica», más «polifónica», superando la antigua relación Madrid-Cataluña, Madrid-Euskadi y dando mayor visibilidad al resto de actores políticos de las comunidades. Ha servido también para evidenciar los déficit de gobernanza multinivel y las carencias en pilares del Estado del Bienestar. Pero, en conjunto, se han resuelto los graves problemas provocados por la covid y se ha aprendido. Además se ha afianzado entre la ciudadanía la importancia de los servicios públicos, responsabilidad de las autonomías. Y ha abierto una nueva etapa de diálogo y un nuevo camino favorable a la construcción de acuerdos y alianzas estratégicas entre distintas comunidades para abordar problemas y retos comunes. Encuentros y acuerdos que contienen un gran simbolismo político, porque se han alejado del ruido y la crispación, y han superado el partidismo.
La llamada España periférica ha dado un paso adelante y reclama el lugar, el reconocimiento, el respeto y los recursos que le corresponden. Reclama nuevas formas de gobernanza sobre la base de tres principios fundamentales: respeto, equidad y reequilibrio territorial. Respeto y equidad porque hace tiempo que el ascensor territorial precisa una revisión en profundidad. Reequilibrio territorial, descentralización de organismos del Estado (porque la hiperconcentración es fuente de desigualdad) y corresponsabilidad para situar nuestro actual modelo de gobernanza, aún incompleto y disfuncional, en una fase más adecuada a este momento histórico. Hay muchas más voces que reclaman no solo una visión más policéntrica, sino más espacio y visibilidad como partes integrantes de un Estado compuesto. Me refiero a todos esos territorios, que son la inmensa mayoría, que dialogan, acuerdan y proponen. Que son menos visibles porque hacen menos ruido. Son la España que quiere ocupar el lugar que le corresponde.
Tal vez sea el momento de impulsar una nueva generación de acuerdos territoriales. Muchas de nuestras grandes reformas pendientes (salvo el Senado) no requieren reforma constitucional, sino acuerdos políticos de Estado. Tal vez sea el momento de volver a revisitar el artículo 2 de la Constitución y explorar vías normalizadoras para este tiempo. El acomodo de las naciones internas seguirá siendo un gran desafío político de las Españas. Quiero pensar que la cuestión de Catalunya y la reiterada aspiración del PNV a obtener un «nuevo estatus» para Euskadi irán encontrando caminos de solución cuando sea posible, aunque no creo que sea a corto plazo. Pero la realidad española es mucho más amplia y diversa, y merece atención y consideración. Existen bases para transitar por esta vía y construir alianzas y tejer acuerdos en torno a intereses compartidos y ejes temáticos concretos sobre los que urge dialogar y acordar: impacto de la crisis climática, de la revolución digital, equidad fiscal, promoción económica, cooperación en proyectos compartidos, infraestructuras, desigualdades, vivienda, envejecimientos, agenda metropolitana, despoblación rural... Es el federalismo de los hechos del que habla Joan Subirats. Sin por ello restar importancia a cuestiones relacionadas con elementos simbólicos e identitarios que este nuevo tiempo ha reforzado y reafirmado.
La agenda es muy amplia y no admite demoras, especialmente en la Europa del Sur, en un tiempo en el que el centro de gravedad se desplaza hacia el Pacífico.
En definitiva, tal vez sea el momento de impulsar una reformulación actualizada de la organización territorial del Estado. Menos vertical, más horizontal. Menos radial y centralizada y más descentralizada y en red. No solo debemos hablar de la España vaciada sino del vacío político que durante demasiado tiempo ha experimentado la España periférica.
