Abolición de la prostitución

Este ha sido un tema tan conflictivo que, en pro de la unidad, no se incluía en las reivindicaciones del 8 de marzo. Diversos sectores han abogado hasta ahora por la regulación del denominado «trabajo sexual», considerándolo una esfera más del ámbito laboral. Sin embargo, la experiencia de países donde se ha seguido este camino, como Alemania, nos muestra que ni ha disminuido la trata, ni la explotación, que no ha habido sindicación, y que los «servicios» solicitados por los puteros son ahora más humillantes y violentos.

En cambio, el modelo abolicionista denominado «nórdico», que defiende la reinserción social de las prostituidas y por penalizar tanto a los proxenetas como a los puteros, ha logrado una reducción drástica de la prostitución y un aumento del rechazo  social. Ello ha podido comprobarse en países como Suecia o, más recientemente, Francia.

No nos enfrentamos a un problema pequeño. España figura como el mayor consumidor de prostitución de Europa. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que estamos ante una gran industria global de explotación sexual, eufemísticamente denominada «del ocio». Una industria muy lucrativa, que comienza con la captación en los países de origen, el tráfico de personas, su explotación en el circuito de puticlubs, y que da trabajo a una serie de sectores anejos: hoteles, bebidas, transporte...

Un primer aspecto que debería quedar claro en la futura ley es que no puede separarse trata y prostitución, y centrarse exclusivamente en una perspectiva restringida de la primera, considerando la segunda una libre elección. Hay trata porque hay prostitución. La demanda de carne joven renovada y que acceda a prácticas cada vez más duras y por más bajo precio, no puede abastecerse con la oferta nacional. Trata, tráfico, engaño y explotación tienen un sentido amplio que incluye la propia aceptación de las prostituidas, bien porque no ven otra salida, bien porque temen las represalias de los proxenetas sobre ellas o sus familias. No se puede reducir la trata a la esclavitud violenta y forzada - que la hay-, debemos tomar en cuenta toda la red de dependencias aun consentidas de las que se alimenta la industria de la explotación sexual. Porque si limitamos la aplicación de la ley a ese ámbito extremo, dejamos fuera la estructura más importante. Es preciso que vuelva a ilegalizarse la tercería locativa, disfrazada ahora de respetable empresariado. Y también que se penalice a los puteros, pues sin ellos no existiría prostitución. Es necesaria una labor de educación social que evidencie que la compra de cuerpos para el placer de los varones es incompatible con la igualdad de los sexos, que no la trivialice como ocio o diversión. Y aquí el consentimiento es irrelevante, primero porque no hay elección libre cuando la precariedad la determina, y segundo, porque no se trata de una cuestión individual, sino que afecta a la consideración de las mujeres en su conjunto. ¿Realmente la sociedad que deseamos es aquella que permite la compra de mujeres y niñas (también de hombres en menor proporción) para el placer de los «machos»? Entren ustedes en los foros de puteros y verán qué repugnante imagen humana se ofrece.

Necesitamos una ley plenamente abolicionista, en contra de los proxenetas y de los puteros, nunca de las mujeres prostituidas, ni de esa pequeña parte convencida de que pasará voluntariamente por esa experiencia sin costes psicológicos ni físicos. Por ello, lo primero que debe preverse es una dotación presupuestaria para la reinserción, ayudas, renta básica, atención psicológica, formación, etc. Sin ello la ley no solo será ineficaz, sino además injusta con las propias mujeres.

Confiemos en que España no deje pasar la ocasión de promulgar una ley que cumpla las mejores expectativas.