El precio de la luz

Dejar que sean las reglas que impone el omnipresente mercado las que establezcan precios abusivos para un bien esencial supone una dejación de la función garante del Estado. No ejercerla ante los abusos que se cometen propicia que nos preguntemos, entonces, ¿para qué sirve el Estado? En la medida en que los diferentes estados o las instituciones no dan respuesta a las necesidades sociales, se siembra el camino para que la demagogia y el populismo cosechen sus frutos con el consiguiente fracaso de la democracia. Y es que no hay democracia real sin garantía de derechos para todas las personas.

Ante lo alarmante de la situación nos dan mil razones que sustentan su inevitabilidad. Nos dicen que son normas de un mercado muy regulado o que el encarecimiento del gas provoca el aumento de los precios.

Pero desde la precariedad en la que va a incorporar a tantas familias, desde la repercusión que tiene ya en el aumento del IPC, con el consiguiente encarecimiento de la vida; o desde la realidad que constatamos en Novaterra, queremos expresar con contundencia que sobran explicaciones y faltan soluciones.

Es evidente que no es suficiente la rebaja del IVA del precio de la luz. Esto reduce los recursos comunes para atender servicios esenciales al tiempo que deja intactos los indecentes beneficios de las empresas eléctricas. Por poner solo un ejemplo: Iberdrola tiene en el capítulo de inversiones una cantidad mayor de millones que los que va a recibir España de los fondos de recuperación por la pandemia. No puede decirse, pues, que las empresas eléctricas tengan dificultades económicas que justifiquen este abuso. Tampoco es suficiente subvencionar a quienes no pueden pagar el recibo de la electricidad. Con ello se dejan intactos los beneficios de las eléctricas al tiempo que disminuyen los recursos públicos. Es el mercado, actuando con unas reglas establecidas que sólo buscan asegurar su beneficio, el que produce esta merma de un bien esencial.

Sabemos que la modificación de las reglas es competencia de la Unión Europea (UE) y que un gobierno nacional se encuentra limitado en sus posibilidades de actuación. Por eso nuestra llamada, nuestra exigencia, va dirigida por una parte al gobierno. Valoramos el primer paso de exigir esos 2.500 millones de euros a las empresas suministradoras por los beneficios obtenidos manipulando la energía eléctrica. Pero la acción del gobierno no ha de limitarse a un hecho aislado. Debe ir más allá al ejercer toda la actividad política posible, ante las instituciones de la UE para que las reglas del mercado de este bien esencial garanticen que toda la ciudadanía tenga asegurado su acceso.

Nuestra otra llamada se dirige a quienes tienen escaño en el parlamento de Estrasburgo, para que representen a la ciudadanía y defiendan los derechos de todos. Nos encontramos ante un grave problema que empieza por las familias más pobres pero que continúa con el aumento de los costes de producción de autónomos y empresas que deben encarecer sus productos o enfrentarse a un déficit que les impide seguir con su trabajo. Y quienes nos representan ante la UE han de ejercer su papel de garantes del bienestar universal. Los derechos de las personas no sólo han de ser declarados sino que se debe garantizar su acceso integral.

Pero no quedaría completa esta reflexión si no la completásemos con una última llamada a la responsabilidad individual. No olvidamos que la ciudadanía somos parte del mercado y somos también compradores de bienes y servicios. Tenemos la oportunidad de ser parte de la solución utilizando las diferentes fuentes de energía con responsabilidad. Deberíamos revisar nuestros hábitos de consumo para no exceder las posibilidades de energía del planeta, al tiempo que participamos en iniciativas cooperativas que utilizan fuentes de energías renovables. Se trata, en definitiva, de dejar de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución.