Los tiempos que siguieron al 15M fueron ilusionantes por cuanto suponía una bocanada de aire fresco en el sistema y la esperanza de poder acceder a las instituciones de aquellos que procediendo de «las plazas» parecían condenados a no poder llegar a esos niveles de responsabilidad.

También tuvo un efecto evidente en los partidos tradicionales que se vieron obligados a mover ficha, a captar la corriente de renovación inaugurada para no quedar atrás. Así, caras nuevas empezaron a despuntar, mayor presencia de mujeres, incluso aparcando las chaquetas y saliendo a la arena en mangas de camisa.

Después, vinieron las elecciones, nacionales, municipales, autonómicas… cayó el bipartidismo, dicen que para no volver (veremos).

Pero lo cierto es que los cambios requieren de más tiempo para que se produzcan en profundidad y sólo así pueden imbricar en la sociedad, hacerse duraderos. Mientras tanto las fuerzas que aborrecen la modificación del «estatus quo» no han dejado de acechar constantemente en su obsesión por que las cosas vuelvan al cauce que les ha sido siempre favorable. No pueden tolerar por mucho tiempo que esta colada consolide una nueva fajana de realidad.

La resistencia al bipartidismo es más que evidente en la izquierda, no así en la derecha donde observamos claramente un proceso de reducción del espacio a dos actores principales con vistas a una integración de facto mas pronto que tarde, aunque mantengan ciertas apariencias diferenciadoras.

¿Qué hemos observado en el ámbito municipal? Que el impulso inicial que representaron los llamados «ayuntamientos del cambio» se fue diluyendo (salvo alguna excepción) en el segundo proceso electoral municipal tras el 15M.

Y aunque de entrada siguió trasladándose la idea de que los políticos nuevos traerían nuevas políticas, lo cierto es que las aguas fueron retornando a los cauces establecidos, y así, la recuperación de mayorías absolutas, por ejemplo, sacó a flote aquello que alguien pensó ya desterrado.

En el ámbito municipal no llegó nunca a cuajar (en términos generales) un cambio profundo, al menos en lo que supone la política en materia de personal, gestión del gobierno interior, funcionamiento administrativo, relaciones entre el poder político y la representación legal de las trabajadoras y trabajadores municipales.

Si durante años tuvieron que ser los tribunales los que mediaran, obligando a cumplir las normas en materia de negociación, pues ahora más de lo mismo.

La judicialización de las relaciones laborales en el ámbito de las entidades locales es desde siempre el cauce normal de solución al «no entendimiento». La vieja y obsesiva política de no reconocer las obligaciones que conlleva la negociación colectiva y la buena fe en el proceso, siguen siendo el mayor obstáculo para que entre, con pleno derecho, la democracia laboral en los ayuntamientos.

Supongo que los partidos y organizaciones política forman a sus representantes en las administraciones en aquellas materias que han de gestionar: urbanismo, medioambiente, seguridad… Pero parece evidente que ni antes, ni ahora, los tiempos inaugurados por el 15M han supuesto una inflexión, un cambio de modelo en el trato, unas relaciones laborales como exige una democracia plena en los ayuntamientos: respeto por los derechos y reconocimiento de la contraparte como un igual con el que hay que alcanzar acuerdos en interés del funcionamiento, eficacia y eficiencia de los servicios a la ciudadanía.