Para Dersu Uzala, el cazador de la taiga, el aire, el agua y los seres que viven en los bosques, eran gente. Gente buena que respetaba y cuidaba porque de ella dependía su supervivencia y futuro. Con ese mismo espíritu, la Unión Europea en el año 2000 aprobó la Directiva Marco del Agua, para que a más tardar, en 2027, ríos, lagos, acuíferos y también los ecosistemas que de ellos dependen alcanzaran el buen estado de conservación. El plazo llega a su fin y al día de hoy más de la mitad de esos ríos, y la buena gente que en ellos viven, todavía no han llegado al deseado buen estado en la Demarcación del Júcar.

Objetivos ambientales poco ambiciosos y caudales ecológicos que apenas dejan un hilillo de agua en el río para evitar la imagen de un cauce seco es lo que ofrece el borrador del Plan Hidrológico presentado por el Ministerio. Hace apenas unas semanas las asociaciones ecologistas alertaban que en el tramo final del Júcar, antes de su desembocadura, no corría el agua. Este mismo verano se secaba el Albaida, un río en el que después de muchos años había empezado a dejarse ver la nutria. En ambos casos el problema no era la sequía, o la falta de agua, sino cómo se gestiona ésta, ya que el volumen almacenado en los embalses permitía evitar este tipo de situaciones.

No es aceptable que el caudal ecológico que fija el Plan en la desembocadura del Júcar, el principal río de la Comunitat Valenciana, sea de apenas un uno por ciento del que debería circular en régimen natural, o de que a la Albufera, uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico de Europa, sólo se le asignen en la propuesta del Ministerio 12 hectómetros cúbicos para el lago, de los 210 en que se cifran sus necesidades ambientales, por citar solo un par de ejemplos muy significativos.

El Plan arrastra todavía una pesada herencia que lo lastra, el pacto que en 1998 firmaron Eduardo Zaplana, presidente de la Comunitat Valenciana, y José Bono, presidente de Castilla La Mancha. Con el acuerdo alcanzado, Bono permitía la ejecución de las obras del trasvase al Vinalopó a cambio de que en la Mancha se incrementara el regadío y se legalizaran bombeos irregulares. Zaplana se quedaba con la tubería y Bono con el agua. El trasvase nacía seco y, como en el Júcar estaba toda el agua repartida, se confiaba en un futuro trasvase del Ebro para equilibrar un sistema que ya mostraba síntomas de sobreexplotación.

Desde entonces el agua del Ebro no ha llegado y los recursos hídricos en ríos y acuíferos han ido disminuyendo como consecuencia del cambio climático, tensionando todavía más el difícil equilibrio en la cuenca. Ante esta situación, el Ministerio sigue repartiendo un ‘agua de papel’, que no está en el río, a costa de reducir los caudales ecológicos y dejar a la buena gente que de ellos dependen sin el recurso necesario para garantizar su buen estado y supervivencia.

El Ministerio, de no corregir el documento que ahora se encuentra en la fase final de consulta pública, se enfrenta, no sólo a incumplir la legislación europea y recibir cuantiosas sanciones a partir de 2027, sino también a no dar cumplimiento a uno de los principios básicos recogidos por la Constitución Española, la protección del medio ambiente. Principio sobre el que la justicia cada vez está más vigilante en defensa de los intereses ambientalistas, tal como nos ha demostrado la reciente sentencia de Valdecañas, en la que prevalece la protección frente al interés económico, o el proceso judicial en trámite por la responsabilidad ambiental en la laguna de Mar Menor. Hay mucho en juego, la planificación hidrológica debe ajustarse a la normativa y escuchar la sabiduría del viejo cazador: los ríos no son ríos de agua, son ríos de vida.