Los Fondos Europeos Next Generation en España están comprendidos en dos planes de ejecución bien diferenciados: por un lado están los relativos al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que alcanzarán la bonita cifra de 140.000 millones de euros; y por otro aquellos relativos al plan REACT-EU, de los que a España le tocan alrededor de 12.000 millones de euros para su ejecución entre 2021- 2022.

Muchos millones de euros, quizás demasiados, para gestionar en tan poco espacio de tiempo. Por ello el Ministerio ha decidido repartir esta financiación entre las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los propios municipios para que sean ellos quienes ejecuten los proyectos.

De forma paralela, una parte del dinero que reciben las Comunidades Autónomas para la ejecución de los Fondos Next Generation - en adelante FNG - se distribuye entre los municipios, siendo por tanto responsabilidad de los ayuntamientos. Lo mismo sucede con la Diputación Provincial.

Así, al final, los ayuntamientos recibimos FNG por tres vías: la del propio Ministerio, de las Comunidades Autónomas y por último de las Diputaciones Provinciales.

Pero claro, si en el municipio se concentran los FNG de otras Administraciones Públicas, además de las competencias que ya se ejercen por delegación de otras Administraciones, como ocurre por ejemplo con el Plan Edificant de la Generalitat o con los Contratos -Programas en materia de Servicios Sociales, la pregunta está servida: ¿Pueden los Ayuntamientos gestionar todos esos recursos? Es más, también podríamos preguntarnos: ¿Disponen de la infraestructura necesaria para gestionar todos los proyectos?

Y la respuesta a dichas preguntas seguro que ya la intuye el lector: No. Los Ayuntamientos no disponen de una infraestructura suficiente para gestionar todos los proyectos financiados con FNG.

En este punto de la reflexión, alguien puede pensar que la solución pasa por aprovechar estos fondos para que se contrate a más personal, pero no por ser muchos se avanza más. No es una cuestión de cantidad de personal, es una cuestión de calidad y de medios para poder gestionar.

Además, no sólo se trata de medios personales o materiales, sino que se necesita una estructura normativa que permita ejecutar los proyectos con agilidad, eficacia, eficiencia y, al mismo tiempo, rigurosidad. Y eso tampoco lo tenemos. Las normas en general y especialmente en materia de gestión de FNG son muchas y muy complejas, que llenan los expedientes de papeles (bueno, ahora ya no papeles, sino documentos electrónicos, pero es igual). Además de los documentos típicos (informes, pliego de condiciones, etc.), se añaden el plan antifraude, cantidad y cantidad de declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, documentos de etiquetas medioambientales, y un largo etcétera.

Como gran arma para agilizar los trámites el Real Decreto-ley 36/2020, permite declarar ciertos procedimientos urgentes, que lo único que produce es la reducción de los plazos a la mitad. Ya está, como si con la declaración de urgencia no hubiese que cumplimentar los ingentes documentos que se exigen en las normas.

Desconozco el Derecho comparado, no sé qué hacen otros países para solucionar la gestión de los fondos, lo que sí les puedo decir es que hay que armonizar, equilibrar, la burocracia con la eficiencia y con la transparencia. Pero en España, por lo menos a nivel municipal, que es la Administración que conozco, no conseguimos equilibrar el péndulo, siempre está totalmente ladeado a la derecha o totalmente a la izquierda, pero no conseguimos encontrar el punto medio equilibrado.

Dicho esto, y aunque el péndulo no esté en equilibrio, los funcionarios con habilitación de carácter nacional labraremos con el arado que nos den como mejor podamos para conseguir el mayor y mejor fruto.