Para encontrar los orígenes de la Medicina Familiar y Comunitaria hay que remontarse a los tiempos heroicos de la medicina rural, una sacrificada práctica médica que hasta finales de la década de los noventa aún soportó una precariedad de medios en algunos pueblos pequeños. Consideremos como ejemplo que eran muchos los pueblos cuyos médicos titulares trabajaban 24 horas al día todos los días del año, y se desplazaban en sus propios vehículos para hacer las visitas domiciliarias sin percibir un complemento en sus nóminas por poner sus vehículos a disposición de la sanidad pública. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la creación de ambulatorios y servicios de urgencias en las ciudades y en los pueblos más grandes permitió a los médicos de cabecera trabajar ocho horas diarias y tener un descanso los fines de semana, un privilegio que no llegó a muchos pueblos pequeños hasta la última década del pasado siglo. El inicio del cambio en el primer eslabón asistencial de la medicina pública se produjo en 1979 a través de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Alma-Ata, que en nuestro país dio paso inmediato a la fundación de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, y como consecuencia comenzaron a formarse los primeros médicos residentes en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Sin embargo, a día de hoy, bien avanzado el siglo XXI los médicos de Atención Primaria (AP) soportan un gran peso asistencial por falta de recursos. Tras la mejoría inicial que supuso la aparición de los centros de salud y de los médicos de familia, el paso de los años nos ha conducido a una situación en la que los profesionales se ven forzados a trabajar en precario por estar infradotada e infrautilizada su especialidad. Como consecuencia, son muchos quienes se sienten quemados y explotados.

¿Tan malos gestores son los políticos responsables de la salud pública que siguen sin apostar por una inversión en Atención Primaria que permita a los al personal médico y de enfermería de este primer nivel asistencial resolver procesos que, en un alto porcentaje acaban acudiendo a la atención especializada y hospitalaria —a veces por iniciativa del paciente—, saturándola y generando un coste desproporcionado para unas patologías que se podrían resolver con menos gasto en un centro de salud bien dotado?

La Atención Primaria de Salud es la primera puerta que atraviesan los ciudadanos para entrar en contacto con la salud pública, y solo por este motivo debería estar mucho mejor cuidada, dotada y considerada.

Hace pocos días se han adjudicado las plazas MIR de 2022, y este año ha sucedido un hecho insólito al quedar 218 de estas plazas —de las 8.188 ofertadas por el ministerio— sin asignar, con el agravante añadido de que 200 de ellas son plazas de médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Si bien esta situación es atribuible, en parte, al nuevo sistema de elección telemática de plazas puesto este año en práctica, la principal culpa de que 200 plazas de médicos de familia hayan quedado vacantes, es una consecuencia de las reivindicaciones que los médicos de atención primaria no paran de denunciar: sobrecarga asistencial en los centros de salud; plantillas insuficientes; masificación de consultas; escasos minutos para atender a cada paciente; plazos muy largos para que un paciente sea atendido por su médico de familia (a veces dos semanas, o más según centros y CCAA); aumento de las agresiones sufridas por los sanitarios; desprestigio social; bajos salarios…, motivos por los que cada año son menos los MIR a quienes les apetece elegir una plaza de AP.

Según datos del Foro de Atención Primaria, serían necesarios 5.000 médicos de familia y 1.300 pediatras más para que en España hubiera una atención primaria de calidad, algo imposible si casi ningún MIR quiere ser médico de familia, una especialidad que los jóvenes médicos relegan a los restos y casi nadie pide si su puntuación en el examen se lo permite. En unas declaraciones a la Cadena SER, Alex Mayer, vicepresidente de la Asociación MIR España, opinaba hace unos días que la condición de médico de familia ha perdido valor porque a estos profesionales les es difícil la investigación y la docencia; no se dispone de tiempo para practicar una medicina de calidad, de seguimiento y de prevención; el médico actúa demasiadas veces como un administrativo que hace informes, recetas y partes, una serie de inconvenientes que hoy confieren a la medicina de familia un punto de desprestigio y hacen que no se la contemple como una especialidad, cuando lo es tanto como cualquier otra.

Con carácter urgente, es necesario otorgar dignidad a la AP, tanto en beneficio de los pacientes como de los profesionales. El único modo de conseguirlo sería alcanzar unas ratios de recursos humanos homologables a las de los países de nuestro entorno. Sin embargo, la realidad se impone y la falta de médicos de familia aumenta alarmantemente en España. Algunos aventuran que en 2030 la atención primaria podrá entrar en un crac siendo que en los próximos cinco años se jubilará un treinta por ciento de los médicos de familia y no hay intención de relevo por parte de los MIR. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos considera que las 200 plazas que han quedado sin cubrir son la muestra de una «gravedad extrema que agravará considerablemente la ya maltrecha situación de Atención Primaria». Si ser médico de familia deja de ser una meta deseable, la crisis de la AP será cada vez más difícil de resolver, y esto no sería culpa de los médicos sino de la incapacidad de los políticos para dotar al primer eslabón de la sanidad pública de unos presupuestos dignos.

Para finalizar, sería bueno considerar el dato ofrecido el pasado mes de mayo por Amnistía Internacional al denunciar que ninguna comunidad autónoma española alcanzaba el 25% de inversión sanitaria que la Organización Mundial de la Salud recomienda para la atención primaria a fin de hacer posibles unos servicios «sólidos que garanticen el derecho a la salud».

Habrá que ponerse las pilas, y deberán hacerlo tan los políticos aumentando los presupuestos, como los usuarios reivindicando lo que en justicia nos pertenece a todos.