El auge de la extrema derecha y de los delitos de odio coinciden en el tiempo. Unos difunden su discurso intolerante contra cualquiera que es distinto a ellos y otros ejecutan las acciones contra los señalados. Muchas veces unos y otros son los mismos. Pero no es ni la única razón ni probablemente la que más influye en el crecimiento del odio.
La impunidad en la que quedan la mayor parte de los casos es la causa principal del aumento de estos delitos. La inmensa mayoría de posibles delitos de odio no se denuncian o quedan sin castigo, consecuentemente los agresores o potenciales agresores se sienten impunes para seguir actuando.
Recientemente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se jactó en la presentación del Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021 de que «cada vez son menos los delitos que quedan impunes». No es cierto. El ministro se refería a los casos esclarecidos por la policía (1.133 del total de 1.802, 465 de los 639 crímenes racistas), lo que no significa ni que sean todos los delitos de odio cometidos ni que sus responsables hayan sido condenados por la justicia.
En ese mismo informe se menciona que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que un 80% de los casos de delitos de odio no se denuncian, cifra que eleva al 90% la fiscala superior valenciana Teresa Gisbert. Es decir, sólo 1 o 2 de cada 10 delitos de odio acaba en denuncia ante la policía o en sede judicial.
Y las personas migrantes no denuncian mayoritariamente por diversas razones:
1) La razón principal es el miedo a represalias del agresor. Pero también miedo a pisar una comisaría porque la propia policía que debería amparar a la víctima, sea cual sea su condición, incoa expedientes que pueden acabar con la expulsión si quien denuncia está en situación irregular. Esto no lo mencionó Marlaska ni que las organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo y organismos internacionales han pedido que cese esta práctica policial e Interior se ha negado reiteradamente.
Hace unos días, un chico marroquí sufrió una paliza al grito de «moro de mierda»; como está en situación irregular no se atrevió a ir a la policía ni siquiera al hospital, pero uno de los agresores denunció el puñetazo que recibió cuando se defendió. La policía detuvo al chico acusado de un delito de lesiones.
2) Desconfianza en que las autoridades les van a creer. No es de extrañar cuando vemos que la propia policía premia al líder de la extrema derecha, José Luis Roberto, acusado reiteradamente de delitos de odio.
3) La mayoría de las víctimas ignora qué hacer y desconoce la existencia de entidades sociales o públicas a donde acudir para recibir apoyo en el proceso de la denuncia.
4) Asimilación de que la situación vivida es el precio que hay que pagar por estar aquí
Y el otro factor fundamental que contribuye a la impunidad es que la mayoría de las pocas denuncias que se formulan acaban sin condena penal. Esto es debido a:
1) Falta de especialización de quienes reciben la denuncia, tanto la policía como los funcionarios judiciales. En la mayoría de atestados policiales o diligencias judiciales no se profundiza en las causas que han provocado la agresión ni en el perfil de los agresores por lo que difícilmente pueden ser tipificados como delitos de odio; en las oficinas de atención a víctimas del delito no existe un servicio especializado en delitos de odio como sí que existe, con toda la razón, en violencia contra la mujer.
2) Falta de medios en la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y Contra la Discriminación de la Fiscalía (Fiscalía contra Delitos de Odio). La mayoría de las fiscalas adscritas son voluntarias y no disponen de funcionariado de apoyo especializado.
3) Interpretaciones jurídicas. Odiar no es delito, pero incitar al odio sí. Sin embargo, muchos jueces consideran como ejercicio de libertad de expresión actuaciones que directamente fomentan el odio contra grupos como la población migrante. Y en otras ocasiones, resuelven sin mucho interés las denuncias que les llegan. Además, insultos racistas como «moro de mierda» no son delito; este tipo de vejaciones fueron despenalizadas y la víctima si quiere intentar conseguir justicia ha de recurrir a la vía civil, un procedimiento largo y farragoso.
Por tanto, la lucha efectiva contra las agresiones de odio pasa por visibilizar la realidad de esta lacra facilitando verdaderamente a las víctimas que puedan denunciar y garantizando los mecanismo jurídicos para que estos casos no queden impunes. Frente a la intolerancia, ninguna tolerancia.
