La titular del juzgado de Instrucción número tres de Sueca ha citado a declarar como testigos a tres vecinos que tuvieron que ser desalojados por el incendio provocado por un castillo de fuegos artificiales en Cullera. La magistrada, como ayer informó en exclusiva Levante-EMV, ha imputado al alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, por autorizar el disparo del castillo en una zona forestal a pesar de la prohibición de los bomberos. La juez también ha imputado al concejal de Fiestas de Cullera, Andreu Piqueres. Ernesto Sanjuán y Andreu Piqueres tienen que comparecer en el juzgado el 14 de julio.
La Fiscalía pidió la declaración del alcalde y del concejal como imputados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. El Código Penal prevé penas de hasta diez años de cárcel por este delito. El incendio se produjo en la noche del 26 de abril. El Consorcio de Bomberos remitió un fax horas antes al alcalde de Cullera para informarle de que se había decretado el nivel tres de preemergencia, por lo que, en consecuencia, quedaba prohibido cualquier tipo de espectáculo en terreno forestal.
Los bomberos alertaron a Sanjuán de que existía un riesgo extremo de incendio forestal por las condiciones climatológicas y le prohibieron expresamente disparar el castillo. El alcalde de Cullera reconoció en un pleno que fue un error e insistió en que no respetó la advertencia porque los fuegos de la Baixà de la Virgen del Castillo son una tradición centenaria que ya había provocado algún pequeño incendio con anterioridad.
La juez también ha citado como testigos el 11 de julio a cuatro agentes de la Guardia Civil destinados en Cullera que participaron en el desalojo de las viviendas afectadas por la proximidad de las llamas durante el incendio. Los vecinos desalojados comparecerán el 9 de julio.
El Consell pide información
El Ayuntamiento de Cullera ha tenido recientemente noticia del expediente abierto por la Generalitat Valenciana, según reconoció ayer la edil y portavoz municipal del PP María Ángeles Arlandis. Hace unos días llegó la notificación al consistorio que solicita al gobierno local información sobre lo sucedido la noche del 26 al 27 de abril. El ayuntamiento tiene de plazo hasta finales de julio para contestar y explicar su versión de los hechos.
