La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió de Llauradors i Ramaders reclamaron ayer al ayuntamiento de Cullera la suspensión temporal de la caza en los arrozales del término municipal. Consideraron que es una cuestión necesaria «hasta que se aclaren las responsabilidades de las quemas de la paja del arroz efectuadas de manera incontrolada y sin autorización, ni por los propios agricultores ni por la conselleria de Agricultura, justo tras finalizar las labores de siega».
Ambas organizaciones agrarias reprocharon al consistorio que publicara un bando para dar comienzo en Cullera a la quema de la paja el 13 de octubre, «es decir, un día antes de que la Generalitat Valenciana iniciara el periodo autorizado para esta campaña en la mitad sur del parque natural de L’Albufera», aclararon. Ésto provocó que un grupo de cazadores de varias localidades iniciara una serie de incineraciones tanto esa misma tarde como el día siguiente, a pesar de que el sistema informático de la conselleria advertía de unas rachas fuertes de viento de poniente «y, por tanto, no permitía la quema para no causar molestias a la ciudadanía», subrayaron los sindicatos.
Las dos organizaciones aseguraron que varios de sus socios detallaron que el fuego se descontroló durante varios días e incluso alcanzó la montaña de Cullera por tres puntos, lo que disparó el riesgo de incendio a «niveles críticos» y provocó una enorme humareda en las zonas próximas. «Los arroceros afectados, a pesar de pedir a los cazadores que frenaran el avance de las llamas y de alertar a las autoridades, ahora pueden estar expuestos a importantes sanciones como la pérdida de las ayudas agroambientales del cultivo del arroz incluidas en la Política Agrícola Común (PAC)», lamentaron AVA y La Unió.
Las organizaciones agrarias considerarían «totalmente injusto» y plantearían emprender acciones judiciales en caso de que los arroceros reciban por parte de la Administración penalizaciones por una actuación «imprudente» que han cometido otros.
