La transparencia se ha vuelto una asignatura de obligado cumplimiento en la administración pública. La ciudadanía se ha hartado de las corruptelas que orquestaban sus dirigentes políticos, a los que exigen un grado de pulcritud cada vez más elevado. Pese a que los ayuntamientos se esfuerzan por mejorar en esta materia, su labor todavía se puede perfeccionar. El Síndic de Comptes incluyó en su reciente informe fiscalizador sobre los ejercicios 2018 y 2019 a catorce ayuntamientos y a una mancomunidad de la comarca por no remitirle copias de expedientes de contratación por valor de más de cuarenta millones de euros.
Si bien es cierto que esto no implica que los contratos sean irregulares, ni mucho menos, también lo es que los consistorios deben remitir esta información al Síndic de Comptes, según se recoge en el artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
No obstante, parte de esta documentación no siempre llega en tiempo y forma al Síndic. Por ejemplo, en el año 2018 fueron diez los ayuntamientos que no presentaron el total de sus contratos. En el caso de Alzira, cuatro de ellos, por valor de seis millones y medio de euros, no alcanzaron el órgano fiscalizador. En el caso del consistorio de Cullera, fueron tres y por una cuantía cercana a los dos millones. El informe también apunta a la ausencia de dos contratos de Almussafes por un importe de un millón. Ese año, el Síndic solo echó de menos un contrato en Alberic (580.402 euros), Algemesí (538.450), Carcaixent (178.596), Carlet (153.316), Favara (156.765), Real (156.360) y Alginet (231.056). A estos hay que añadir uno de la Mancomunitat de la Ribera Alta por una cuantía de 285.435 euros.
Varios de estos ayuntamientos volvieron a incumplir la normativa al no remitir todos los contratos que formalizaron. El caso más llamativo es el de Algemesí, con dos valorados en 19,2 millones. La cuantía queda un tanto desvirtuada ya que el grueso lo compone el contrato del servicio de recogida de basura, que suele firmarse para varios años. Con todo, fuentes municipales reconocieron a Levante-EMV que el documento se remitió al Síndic fuera del plazo previsto, de ahí que figure en el informe.
La Mancomunitat reincide
También reincidió en el incumplimiento el Ayuntamiento de Almussafes, con dos contratos cifrados en 1,2 millones de euros. Los mismos que Cullera (990.627 euros). Alzira tampoco facilitó la copia relativa a un contrato de 173.037 euros mientras que Alberic hizo lo propio con uno de 287.148 y Carlet, con uno de 529.569. La Mancomunitat de la Ribera Alta omitió un contrato por el mismo valor que en 2018 (285.435). A estos cabe añadir Montserrat (2,7 millones), Polinyà (1,3 millones), Ralefguaraf (1,2 millones) y Càrcer (1,1).
Hay ayuntamientos que incumplen los plazos del Síndic de Comptes en algún que otro contrato. Los hay que, directamente, lo hacen con todos ellos. Es el caso de Sueca, aunque también de otros consistorios de menor tamaño.
La institución fiscalizadora de la Comunitat Valenciana incluyó a la capital de la Ribera Baixa en la relación de ayuntamientos que no remitieron la infmoración contractual de los años 2018 y 2019 o, en caso de hacerlo, han obtenido una certificación negativa. Además del consistorio, se menciona también a entidades públicas y organismos autónomos de la ciudad: la residencia Sant Josep, el Consell Agrari Local, Aigües i Sanejament y el consorcio de TDT.
No es el único ayuntamiento de la comarca en este lisitado, si bien es cierto que es el de mayor tamaño. El resto son más reducidos. Es el caso de L’Alcúdia, Alfarb, Beneixida (y la firma Serveis Públics Beneixida SL), Benifaió, Castelló, Corbera, Gavarda, Montroi, Sant Joanet y Turís. A estos cabría añadir la Mancomunitat de Albalat y Polinyà y la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Todas estas entidades incumplieron, por tanto, su obligación con el Síndic en los dos ejercicios.
Además de los ayuntamientos mencionados, el informe señala a otros que tampoco remitieron sus informes, aunque solo en el año 2019. Es el caso de Alcàntera, Benicull, Guadassuar, Massalavés, Riola y Sollana. Asimismo, apunta a los consistorios de las entidades locales menores: el Perelló, el Mareny de Barraquetes y la Barraca d’Aigües Vives.
En ningún caso quiere decir que los contratos realizados sean irregulares, sino que no se han presentado en tiempo y forma. Lo que sigue siendo un incumplimiento de la normativa vigente.
Sueca no facilita la información
La institución fiscalizadora no recibe expedientes (o tienen certificado negativo) de una decena de pueblos
