Las sanciones de tráfico impuestas por las respectivas policías locales de los 24 municipios adheridos al servicio mancomunado de tramitación, gestión y cobro de multas aumentó el año pasado cerca de un 30 % tras marcar en 2020 un mínimo casi histórico como consecuencia del confinamiento que impuso el Gobierno en los primeros meses de la pandemia, una restricción de la movilidad que acentuó una tendencia a la baja de los dos años anteriores.
La Mancomunitat de la Ribera Alta tramitó el año pasado 7.289 sanciones de tráfico de los municipios que le han delegado el cobro por un importe total de 819.627,02 euros, según revela la memoria de actividad del servicio, que refleja una evolución desigual ya que, pese al repunte global, el número de multas se reduce en hasta ocho localidades y en algunas de ellas de forma significativa. Estas 7.289 multas gestionadas en 2021 representan una cifra ligeramente superior a las de 2019, el año anterior a la pandemia, cuando la Mancomunitat tramitó 7.205 sanciones de tráfico. Este aumento se produce con el mismo número de pueblos aunque con menor población, ya que el Ayuntamiento de Montserrat solicitó la baja en el servicio -cedió en 2020 la gestión de 321 multas- mientras que Alcàntera formalizó su incorporación en enero y completó el año con 26 sanciones.
El municipio con mayor número de multas es Carcaixent, la ciudad más grande por población adherida a este servicio mancomunado, que contabiliza prácticamente el mismo número de sanciones que el año anterior, mientras que Antella es la localidad donde más aumenta proporcionalmente la imposición de multas al pasar de 79 a 290 como consecuencia directa de la reapertura de l’Assut y de la singular regulación del aparcamiento que rige durante los meses de verano para intentar evitar las molestias derivadas de la masificación del paraje. El Ayuntamiento de l’Ènova no cursó ninguna denuncia en 2021 -el año anterior únicamente contabilizaba una- mientras que Sumacàrcer es la localidad que registra la mayor reducción de sanciones, únicamente 14 frente a las 37 del año anterior, lo que representa una caída de más del 62 %.
Otros municipios que presentan variaciones significativas son Castelló, Alberic o Càrcer, donde de un año a otro se han duplicado las multas, mientras que en Alginet aumentaron un 75 % y un 66 % en Carlet. En el otro lado de la balanza, junto al descenso registrado en Sumacàrcer destaca el de Real, con una caída del 53 %, o el de Rafelguraf, donde las sanciones de tráfico se redujeron un 41 %. También en Senyera se produjo un descenso muy significativo, aunque el número de sanciones en cifras absolutas es muy reducido con apenas tres multas frente a las siete de 2021.
El factor político
Aunque los alcaldes niegan habitualmente cualquier directriz en materia de multas, fuentes consultadas no dudan en señalar que el factor político tiene una clara incidencia en la evolución de este tipo de sanciones y que prueba de ello es que en un año electoral o tras un cambio en la alcaldía la estadística suele reflejar un descenso de multas. Otro factor que influye es la falta de efectivos, un problema que ha afectado a varios municipios con el paso de muchos agentes a la segunda actividad.
El presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, comentó que, pese a que el año anterior estuvo condicionado por el confinamiento, cada municipio tiene su propia tendencia y anunció que la Mancomunitat pretende mejorar la aplicación informática por la que presta este servicio con el objetivo de «ser más eficientes y rápidos» en la gestión y que, a la vez, permita eliminar el papel.
Los casi 820.000 euros que suman el importe de las sanciones impuestas el año pasado representan un aumento del 32 % respecto del año anterior, sin alcanzar los 859.000 de 2019, aunque no todo ese dinero llegar a las arcas de los ayuntamientos ya que, además del coste de la tramitación, que se debe descontar, también se aplican bonificaciones de hasta el 50 % por pronto pago.
La Mancomunitat concibió este servicio de cobro de multas, que en febrero cumplió diez años, como una solución para que los ayuntamientos pudieran reclamar sanciones bajo su paraguas a infractores de otros municipios que hasta entonces se solían escapar.
Las multas impuestas por la Policía Local de Antella aumentron el año pasado un 260 % respecto de 2020 con un factor determinante: la reapertura del paraje de l’Assut tras permanecer cerrado el primer verano de pandemia para evitar la masificación que suele registrar esta playa fluvial y, con ella, que se multiplicaran los contagios por coronarivus. Sin alcanzar las cifras de años atrás, cuando Antella llegaba a superar a Carcaixent con un récord de más de 1.200 multas, las 290 sanciones impuestas multiplican por 3,6 las 79 del curso anterior.
El ayuntamiento restringe el estacionamiento dentro del núcleo urbano a los residentes y personas vinculadas al pueblo durante los fines de semana de julio y agosto. «De lo contrario, los vecinos no podrían ni aparcar», explica el alcalde accidental, Antonio Juan, que defiende que el sistema por el que el ayuntamiento expide unas tarjetas para identificar los vehículos de las personas que sí pueden estacionar en las calles está muy aceptado por los vecinos. «Hay gente que dice que eso sólo pasa aquí, pero yo contesto que no es verdad, que si vas a Benidorm hay sitios en los que no se puede aparcar si no eres residente», señala Juan.
El munícipe comenta que, pese a que la prohibición de estacionar para los forasteros está perfectamente señalizada, mucha gente que acude a l’Assut no la respeta o no se detiene a leerla y las multas se multiplican en los meses de julio y agosto. «Es una medida necesaria para la tranquilidad del pueblo», incide.
L’Assut dispara las sanciones en Antella
Los expedientes suben un 260 % tras la reapertura del paraje y la prohibición de aparcar en el pueblo
Pascual Fandos. Alzira
