La sección primera de la Audiencia de Valencia se encargará de juzgar esta semana al exalcalde y hoy concejal de Urbanismo y Hacienda de Corbera y a la exsecretaria del ayuntamiento. La Fiscalía les acusa de irregularidades en la concesión de prórrogas de licencias municipales para la explotación de una pedrera entre 2014 y 2017.
La Fiscalía pide, para el ex primer edil, penas de inhabilitación para empleo o cargo público de 15 años y una multa de 12.000 euros. Para la secretaria municipal, solicita 12 años de inhabilitación y una multa de 6.750 euros.
La cantera de Corbera, un pareje con una extensión de 17 hectáreas -equivalente a la mitad del casco urbano de la lolcalidad- nunca ha estado exenta de polémica desde su apertura en 1988. Solo cinco años después de su inauguración, el Tribunal Superior de Justicia Valenciano dio la razón a los vecinos que denunciaron la escasa distancia entre la explotación y el casco urbano, aunque la sentencia no llegó a ejecutarse.
La empresa concesionaria de su aprovechamiento, Canteras y Áridos Llaurí SL, tenía la licencia del consistorio, que caducó en 2017 con la cantera explotada al 80%. En 2018, se ordenó la paralización de la actividad por lo que el entonces alcalde, Jordi Vicedo, consideró «incumplimientos» de la empresa en las tareas de restauración de la montaña dañada tras las extracciones, orden que la empresa desobedeció y que motivó la denuncia por la que, pasado mañana, juzgarán a Vicedo y a Soledad Martínez.
La empresa llegó a acumular 15.000 euros en multas instruidas por el consistorio al incumplir la orden de cierre de la cantera. El gerente de la empresa, Ximo Margalló, que siempre ha defendido la legalidad de sus actuaciones pese a carecer de licencia, planteó una querella, que fue aceptada a trámite por el juzgado de Primera Instancia e Intrucción nº 3 de Sueca.
«Pagos ilícitos»
La denuncia, que también fue respaldada por la plantilla de la cantera, acusaba a Vicedo y Martínez de presunta prevaricación administrativa y exacciones ilegales. En ese sentido, la empresa destaca en que el consistorio exigió, en diversas ocasiones, «pagos ilícitos» para obtener la ansiada prórroga de la licencia y que, ante la negativa del pago, el alcalde dictó la orden de paralización. Fuentes de la empresa recordaron que fue aquella decisión la que promovió la querella contra ambos cargos públicos.
Después de años de enfrentamientos entre las autoridades locales y el adjudicatario de la cantera, en 2018 el consistorio impuso un cierre que la empresa desobedeció, anunciando el final de sus trabajos de restauración del lugar en marzo de 2022. Los vecinos se movilizaron y el Consell anunció que solo una decisión judicial podía clausurar la cantera.
Tras la desestimación del recurso de apelación presentado por el ex primer edil y la secretaria, en 2019, el procedimiento continuó contra ambos, llegando a su fin este jueves con el inicio del juicio.
