Cada día que pasa queda más en evidencia el caos económico que reinó en el Ayuntamiento de Gandia durante la pasada legislatura. A tenor de la sentencia conocida ahora, puede afirmarse que el único ejercicio normal del Gobierno del PP fue 2012 gracias al pago de facturas atrasadas que se abonaron con el primer Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno de España.
En 2013 ni el concejal de Hacienda, Guillermo Barber, ni el alcalde, Arturo Torró, fueron capaces de cuadrar un presupuesto cumpliendo con todas las obligaciones legales de un ayuntamiento. Lo mismo se puede decir de 2014, que tampoco incluyó el dinero para pagar los créditos bancarios.
Lo peor llegó en 2015, el último año de la mayoría absoluta del PP. El presupuesto estaba tan plagado de ilegalidad que la amenaza del PSPV de actuar judicialmente por vía penal contra los concejales del PP que votaran a favor motivó que se dejara sobre la mesa. Varios concejales se negaron a dar el «sí» a Torró por temor a las consecuencias ante la justicia.
