El no de Salazar a instruir el expediente alarga la crisis de los chiringuitos de Oliva

El portavoz del PP en el consistorio alega que la alcaldesa no cumplirá con la condición de destituir a Salvador Llopis como edil de gobierno

La alcaldesa, Yolanda Pastor, y el concejal del PP, Germán Salazar. | MIQUEL FONT

La alcaldesa, Yolanda Pastor, y el concejal del PP, Germán Salazar. | MIQUEL FONT / Toni Álvarez Casanova. Gandia

Toni Álvarez Casanova. Gandia

Los planes de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, de iniciar el expediente de investigación sobre la adjudicación de los chiringuitos para poder dar carpetazo al asunto lo antes posible han vuelto a saltar por los aires. Germán Salazar, el portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento a quien le ofreció asumir esa labor, ha rechazado la propuesta.

Él mismo lo comunicó ayer de manera verbal durante una reunión en el ayuntamiento en la que estaban representantes de todas las formaciones.

Esta decisión era la esperada desde hacía días, en tanto que los motivos que ha expuesto el concejal popular son que Pastor no ha aceptado las condiciones que ponía para aceptar el encargo: la dimisión o destitución del concejal de Turismo y Playas, Salvador Llopis, de UCIN, socio de Projecte Oliva en el gobierno de la ciudad, y la implicación de la propia alcaldesa en el proceso para tratar de poner luz a las supuestas «prácticas colusorias» por parte de los adjudicatarios de algunos e los chiringuitos.

Era evidente que Salazar había lanzado un órdago, sobre todo en lo que respecta a la no continuidad en el ejecutivo de Llopis. El gobierno cuenta con el apoyo de los dos ediles de UCIN que busca la estabilidad durante la legislatura. De haber aceptado las condiciones que proponía el portavoz del PP hubiera significado una importante crisis entre los socios en el ejecutivo apenas cinco meses después del arranque del nuevo mandato.

Ya la pasada semana, en una entrevista, Pastor dejaba claro que no tenía intención de destituir a ningún concejal de su ejecutivo. Esto, sumado a que Llopis tampoco se ha planteado dimitir en hacía muy complicado que el portavoz popular aceptara la propuesta de instruir el expediente.

Con este rechazo ya consumado, el gobierno de Oliva vuelve a tener un problema, porque es el tercer nombre que se ha puesto sobre la mesa desde que se destapó el asunto sin que ninguno de ellos haya asumido el encargo. El primero fue el propio Llopis, que fue recusado por su relación de amistad con algunos de los empresarios que gestionan chiringuitos en la playa de Oliva, el segundo Joan Mata, que también fue rechazado y la tercera apuesta era Germán Salazar.

El dirigente del PP ha declinado la invitación, a pesar de que incluso se llegó a anunciar que finalmente ser haría cargo de la instrucción del expediente. La alcaldesa llegó a repartir un documento a los y las portavoces del resto de grupos en el que informaba de la designación de Salazar, a pesar de que aún no se le había comunicado directamente a él.

Preguntada ayer por Levante-EMV sobre el rechazo de Germán Salazar, Yolanda Pastor se remitió a una «declaración pública» que, aseguró, realizará «en breve».

La adjudicación de los chiringuitos se hizo durante la pasada legislatura pero hace unos meses una de las empresas presentó una reclamación ante el ayuntamiento en la que destapaba una práctica que hacía años que se sospechaba que se llevaba a cabo en la ciudad.

Se conoce como «prácticas colusorias» y consiste en que empresas vinculadas entre sí a través de familiares presentan propuestas económicas escalonadas a un chiringuito en cuestión. Después van renunciando a su gestión y, de ese modo, logran quedárselo por la cantidad más baja ofertada.

De dos millones a solo uno

De ese modo, de los dos millones de euros que el ayuntamiento tenía previsto recaudar por la adjudicación de este servicio, finalmente solo pudo ingresar la mitad.

La empresa que presentó la reclamación, por su parte, se vio obligada a pagar más de 204.000 euros porque la oferta máxima de sus competidores alcanzaba los 200.000 a sabiendas que la que finalmente se lo adjudicó tenía mucho interés por gestionar este quiosco. Al descubrir estas irregularidaes, el ayuntamiento le ha rebajado la aportación a algo más de 61.000 euros.

El Gobierno local prometió abrir una investigación pero la imposibilidad de nombrar un instructor para el expediente ha hecho que este trámite se retrase y alargue más de lo deseado.