La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) constituye una prioridad estratégica para el Gobierno de España, ya que constituye una seria amenaza para la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, además de ocasionar graves perjuicios económicos y sociales para las regiones que viven de la pesca. España y el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea son conscientes de su responsabilidad en la tarea de proteger los mares y océanos y lideran a nivel mundial la lucha contra la pesca ilegal. Para emprender con eficacia esta tarea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incrementado los equipos humanos y los medios técnicos y legales. Esto se ha traducido en un refuerzo de la inspección pesquera, la tipificación de determinadas infracciones pesqueras como «graves» o «muy graves» o un mayor intercambio de información con otros países e instituciones multilaterales. Desde la Secretaría General de Pesca del Ministerio se lleva a cabo el control e inspección, tanto de la flota pesquera de bandera española (control de los consumos de cuota, artes utilizadas, zonas sujetas a veda€), como de las importaciones de los productos pesqueros de terceros países. Para ello, España cuenta con 137 inspectores de pesca marítima que en 2018 realizaron un total de 9376 inspecciones. En este ámbito, cabe destacar la estrecha colaboración que mantiene la Secretaría General de Pesca desde hace más de 30 años con la Armada y la Guardia Civil (Servicio Marítimo, Seprona y Servicio Aéreo) para la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima.