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MEDIO AMBIENTE

La ILP aboca a una nueva reforma de la Ley regional del Mar Menor

Ministerio y expertos creen necesario que la Comunidad modifique la norma autonómica para evitar el solapamiento de competencias y funciones entre los representantes de la laguna y reforzar así sus derechos

Los promotores de la ILP del Mar Menor celebran la votación del Senado. BELÉN UNZURRUNZAGA

¿A quién le toca mover ficha ahora para hacer realidad el texto de la ILP del Mar Menor? En los próximos días el Boletín Oficial del Estado recogerá la nueva ‘Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca’ que el Senado aprobó este miércoles. Será en ese momento cuando entren en vigor los derechos propios de la laguna, entre los que se encuentra el derecho a existir, a la protección, a la conservación y a la restauración. Pero también se deberá poner en marcha un mecanismo por el que se garantice la nueva representación y gobernanza de la laguna, recogido en uno de sus artículos.

Tanto la Ley regional del Mar Menor como la norma recién aprobada plantean la creación o regulación de diferentes comités o consejos que abarcan la parte científica, la administrativa o la representación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la laguna. Estos órganos de representación chocarían entre sí ahora pues abarcarían las mismas competencias o funciones. La nueva norma no elimina ni obliga a modificar la ley que la Asamblea regional aprobó en 2020, pero, en opinión del Ministerio para la Transición Ecológica, sí sería conveniente modificarla para que recoja el articulado de la ILP y evitar que exista el solapamiento de poderes.

En opinión de Santiago Álvarez Carreño, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y experto en legislación ambiental, la ley regional sí debería modificarse ya que la ILP plantea "un 155 ambiental (en referencia al artículo de la Constitución que prevé qué hacer si una Comunidad Autónoma incumple la Carta Magna o alguna ley estatal) en relación con las competencias del Gobierno regional". La normativa regional ya ha sido modificada en otras ocasiones, cambios que incluso han llegado al Tribunal Constitucional por el desacuerdo entre Estado y Gobierno regional en la cuestión de la restitución de los regadíos ilegales.

Pelea entre administraciones

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, condicionó el desarrollo de la ILP a que "el Ministerio lleve a cabo el ordenamiento jurídico necesario para poder aplicarla con la máxima celeridad y que pueda valorar el alcance que tiene a las diferentes normativas que hay vigentes". En este punto no está de acuerdo Transición Ecológica, ya que las competencias sobre medio ambiente, agricultura u ordenamiento del territorio, aspectos estos dos últimos que han resultado dañinos para el Mar Menor, son autonómicas. El Ministerio, señalan fuentes consultadas, sí se involucrará en la creación de los nuevos comités junto a los promotores.

El profesor Carreño ve una deficiencia importante en los primeros pasos que debe dar la ILP y qué cambios deberá haber en el ordenamiento jurídico español. "La vaguedad de la disposición derogatoria de la ILP, que pretende dejar sin efecto toda norma de igual o inferior rango que contravenga las escasas disposiciones" que tiene la nueva norma, no ha permitido evaluar, en opinión del experto, el impacto que tendrá sobre leyes estatales como la protección del patrimonio natural, la Ley de Aguas, de Costas, la de Responsabilidad Ambiental, el Código Civil o incluso la Ley regional de la laguna. "La ILP guarda silencio sobre la integración de la iniciativa con el Derecho ambiental preexistente, lo cual va a generar relevantes interrogantes".

Tres meses para crear un comité

En el caso de la primera ley, la gobernanza sobre el Mar Menor plantea una comisión interadministrativa entre la Comunidad, el Estado y los ayuntamientos ribereños; un Consejo social del Mar Menor que no termina de arrancar; el Comité Científico que se reúne periódicamente y una Comisión interdepartamental que dirige la Consejería de Medio Ambiente. A esto hay que sumar otros equipos o grupos de trabajo creados en los últimos meses como el Observatorio del Mar Menor o el Comité de Seguimiento que se cita cada 15 días.

La nueva ley, que también tiene competencias sobre la gobernanza del Mar Menor, plantea la creación de tres comités. El primero, uno de representantes formado por tres miembros del Estado, otros tres de la Comunidad Autónoma y siete que darán voz a la ciudadanía. Este comité, cuya sede la quiere conseguir el Ayuntamiento de Los Alcázares, tendrá entre sus funciones la de proponer actuaciones de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, así como vigilar el cumplimiento de los derechos.

Un segundo comité será de Seguimiento y estará formado por los ‘guardianes’ del Mar Menor. Cada ayuntamiento designará a un representante oficial, que estará acompañado por los representantes de los sectores económicos, sociales y ambientales implicados en la laguna. Para la creación de este órgano corre prisa, pues la ley recoge que deberá estar creado en tres meses. Por último, habrá un comité científico con expertos del Instituto Español de Oceanografía, las universidades de la Región de Murcia y Alicante o el CSIC.

Los tutores del Mar Menor podrán ser acusación en la segunda pieza del Topillo

Cuando la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca entre en vigor, quienes se encarguen de su representación en los diferentes comités que se formarán, así como la acción popular que podrá ejercer cualquier ciudadano, podrán participar en los procesos judiciales abiertos por la contaminación de la laguna.

El fiscal responsable de Medio Ambiente y Urbanismo en la Región de Murcia, Miguel de Mata, señala a consultas de este periódico que, por ejemplo, en la pieza principal del caso Topillo, al haberse producido ya los escritos de acusación y dictarse auto de apertura de juicio oral, solo podrán comparecer apoyando a las acusaciones pero no podrán formular nuevos escritos de acusación ni solicitar otras penas.

Para la segunda pieza, aún en fase de instrucción, "podrán comparecer como perjudicados, reclamar, solicitar pruebas y, en su caso, formular acusación". De Mata señala que estos nuevos entes tendrán "capacidad de ejercicio de acciones", un punto que será relevante ante denuncian por la vía de lo contencioso administrativo, pero "no tanto en el penal, donde cualquier ciudadano, el Ministerio Fiscal o asociaciones ecologistas o de cualquier otro tipo ya tenían la posibilidad de denunciar hechos con relevancia penal". Por su parte, el fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, señaló este jueves que la primera pieza del Topillo está pendiente de que lleguen a la Audiencia Provincial todos los escritos de defensa, tras lo cual se fijará una fecha para el juicio.

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