Dos matrimonios han sido llamados por un juez de Alicante para sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados por la presunta venta de un bebé, un entrega previo pago que se gestó a principios del año 2008 con más rapidez con la que el pequeño vino al mundo.

Cuatro meses y medio tenía el niño, nacido el 12 de octubre de 2007, cuando ambos matrimonios se sentaron en una cafetería de Elda para cerrar la operación.

Los Servicios Sociales emitieron la orden de retirada de la tutela a los padres biológicos, algo a lo que los progenitores ya estaban acostumbrados. Éste era su cuarto hijo y, anteriormente, la conselleria de Bienestar Social ya les había quitado la tutela de todos los anteriores, acogidos en familias y residencias. Esta vez olían que no iba a ser especial porque no se encontraban en condiciones de atenderlo, por lo que iniciaron conversaciones telefónicas con otro matrimonio que no podía tener hijos para vender al suyo, siempre según los hechos probados que se reflejan en el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso este diario, en el cual el fiscal solicita tres años de prisión para cada uno de los cónyuges por un presunto delito de adopción ilegal.

En este escrito, el acusador público pide también como pena la prohibición de ejercer el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por un tiempo de cinco años.

Presuntamente, la pareja adquiriente del menor en esa fecha pagó una cantidad que la investigación ejercida por un juez de Instrucción no ha podido concretar, algo que tampoco hace el fiscal en su escrito de acusación. "La cantidad no ha podido ser determinada", especifica la calificación emitida por el Ministerio Público.

El niño pasó a manos de la otra pareja, que ubicó su residencia en Castelló, donde fue atendido.

Intención de adoptar

Los policías que acudieron al domicilio con el fin de recoger al menor manifestaron ante el juzgado instructor que el niño se encontraba en bueno estado, lo habían llevado al médico e incluso el nuevo matrimonio llegó a plantear su bautizo. La pareja manifestó el deseo de formalizar la adopción del pequeño "que de hecho ya poseían de manera ilícita", indica el fiscal.

El juez ha acusado también a dos mujeres que actuaron como intermediarias al ser conocedoras de la situación de desamparo a la que estaba expuesto el menor y del deseo de la pareja que quería adoptar de tenerlo. La tramitación de su adopción, hasta la fecha de emisión del escrito de acusación, nunca se formalizó.