Una cuestión de salud, talonario y «castas sociales», que ha terminado con cinco detenidos por supuestamente intentar comerciar con órganos humanos. El principal protagonista, un prohombre libanés de 61 años, alcalde en su país de una ciudad de unos 30.000 habitantes, que decidió resolver una enfermedad hepática incurable buscando parte de un hígado sano entre inmigrantes irregulares sin recursos afincados en Valencia a los que ofrecía 40.000 euros y una completa revisión médica en una clínica privada de Valencia para buscar candidatos compatibles.
La trama de compraventa de hígado se fue al traste porque el único de los nueve candidatos con los que contactó un conocido de un sobrino del enfermo que sí era compatible acabó generando la desconfianza del coordinador de trasplantes del Hospital Clínico de Barcelona. Finalmente, el alcalde libanés logró su objetivo, pero tomando como donante a su propio hijo.
El caso ha terminado saliendo a la luz por dos únicas razones: la denuncia de una voluntaria de una ONG que trabaja con inmigrantes sin recursos y la labor del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia, cuya jefa, la inspectora Ester Maldonado, informó ayer de los detalles de la operación. Fue en agosto, cuando la ONG interpuso una denuncia porque una mujer argelina de 28 años y sin documentación, a la que prestaban ayuda, les había contado que un amigo de su marido les había ofrecido 40.000 euros a cambio de ceder parte de su hígado.
El esposo decidió que fuese ella la donante. Con muchas reticencias, la mujer accedió a contar a la policía a la clínica privada a la que la habían llevado y en la que, después de someterla a distintas pruebas una resonancia, un TAC y una volumetría hepática, prueba que sólo se practica para diagnosticar cáncer o para afrontar un trasplante de hígado, había sido descartada porque estaba embarazada.
Los agentes fueron tirando lentamente del hilo sin saber que justo en esos días, el hombre que pretendía comprar parte del órgano de la joven ya estaba siendo intervenido en el Hospital Clínico de Barcelona. La investigación permitió saber que al menos nueve personas, incluyendo a la mujer argelina, habían acudido a un par de clínicas privadas de Valencia en un corto espacio de tiempo, solicitando las mismas pruebas, acompañadas de la misma persona y solicitando que la factura fuese girada a la misma empresa, una mercantil dedicada a la exportación de piedra desde Alicante a Líbano, perteneciente a un familiar del alcalde ahora detenido. En total, unos 12.000 euros pagados sin rechistar por la empresa alicantina.
Pese a lo peculiar de la solicitud, ninguno de los centros médicos privados alertaron a la policía de que podía haber alguien buscando un hígado. La razón esgrimida ayer por la policía al informar de la operación explica sólo parcialmente ese hecho: «Utilizaban el subterfugio de que se trataba de turistas que aprovechaban su estancia en Valencia para someterse a exámenes médicos».
Según parece, todo ese proceso de «selección» fue realizado en Valencia porque aquí y en Alicante residen algunos sobrinos y un hijo del político enfermo, además de varios amigos.
No quería mujeres donantes
Aunque la razón final por la que la mujer argelina fue rechazada fue su embarazo, que ella desconocía hasta que acudió a la clínica, el comprador del órgano, musulmán tradicional, no estaba muy de acuerdo en que fuese una mujer quien acabase salvándole la vida. Aún así, hubo una segunda mujer seleccionada, la única española, en paro y con graves dificultades económicas, pero no superó las pruebas de compatibilidad.
El resto, ya fueron todos hombres, inmigrantes en situación irregular y de confesión musulmana, salvo uno de ellos, un rumano que resultó ser el único que reunía todas las condiciones para vender parte de su hígado al millonario libanés.
Así las cosas, receptor y donante acudieron al Hospital Clínico de Barcelona y pidieron ser intervenidos por uno de los equipos con más fama mundial en el campo de los trasplantes hepáticos. Sin embargo, el hecho de que no hubiera ni consanguinidad, ni relación aparente distinta nacionalidad, extracción social y religión llevó al coordinador de trasplantes a desconfiar y rechazar el caso, aunque no hubo denuncia.
Eso sí, se le sugirió que lo intentase con su hijo, quien, según la policía, había sido rechazado por los médicos en Líbano. Las pruebas de compatibilidad realizadas en Barcelona demostraron que era un donante idóneo, de modo que, una vez superados los trámites que fija la ley española nuevas pruebas de histocompatibilidad, la anuencia de un comité ético médico, la supervisión de un juez y el dictamen de un psicólogo, todo ello para garantizar que no hay lucro ni coacción, el alcalde libanés recibió su trozo de hígado.
Sin embargo, la investigación policial ya seguía su propio curso, así que, el pasado 30 de enero, cuando el receptor aterrizó en Manises para acudir al día siguiente con su hijo a la revisión médica en Barcelona, los agentes del grupo de Homicidios arrestaron a ambos. Esa misma tarde era detenido el palestino que había actuado como intermediario, y en los días siguientes, el palestino y otro libanés dueños de la empresa que pagó los gastos médicos de las clínicas de Valencia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha dejado en libertad, aunque imputados, a los tres primeros.
