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Juicio

La fiscal pide al acabar el juicio 38 años a dos agentes por colaborar con narcos

La representante del ministerio público mantiene la acusación contra los 19 procesados en la causa

La fiscal Antidroga de Valencia, Carmen Sanz, reclamó ayer al acabar el juicio que dos guardias civiles acusados de colaborar con una red de traficantes sean condenados a penas que suman 38 años de cárcel. El juicio contra los dos agentes y otros 17 procesados arrancó en la sección tercera de la Audiencia de Valencia el 6 de mayo. Las defensas han tratado de anular el procedimiento por defectos de forma al cuestionar la legalidad de las pesquisas policiales. La fiscal defendió la actuación policial y judicial, que permitió desmantelar a la red de traficantes.

La representante del ministerio público solicitó ayer que el agente Rafael S. C. sea condenado a 18 años de prisión y que el cabo Carlos Augusto P. M. cumpla 20 años y medio por colaborar con traficantes. El agente y el cabo fueron detenidos en la Operación Gorrión junto a los otros 17 detenidos por un alijo de 60 kilos de cocaína. La fiscal explicó que la operación policial se desarrolló con éxito después de que un agente sospechara de un robo en un contenedor porque transportaba material de escaso valor.

La Fiscalía sostiene que los dos agentes incrementaron su patrimonio en 183.000 y 143.000 euros a raíz de su supuesta colaboración con los traficantes y que también recibieron un Mercedes clase B y un Mini Cooper.

Asuntos Internos

La Guardia Civil investigó durante dos años a los dos agentes procesados. Asuntos Internos llegó a la conclusión de que los dos proporcionaban al principal acusado «información sobre vehículos policiales y sobre investigaciones que pudieran entorpecer sus planes». Los dos guardias, el presunto cabecilla de la red, su lugarteniente y los principales implicados en la trama fueron detenidos en octubre de 2010 tras recibir en el puerto de Valencia un alijo de 60 kilos de cocaína. En la operación supuestamente también participó el entonces policía local de Pedralba Aquilino L.G., que se enfrenta a diez años de prisión.

El cabo Carlos Augusto P. M. ya fue condenado por la Audiencia de Valencia a veinte meses de prisión por torturar a un detenido que supuestamente hurtó una cartera en un centro comercial de Alboraia. El caso se descubrió porque en el coche patrulla había instalado un micrófono por las escuchas de la operación Gorrión. Las defensas han cuestionado durante el juicio el trabajo del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que ayer respaldó la fiscal Antidroga.

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