La Fiscalía elevó ayer al acabar el juicio de tres años a cuatro años y tres meses la pena que le pide a una funcionaria de un juzgado de Requena por consultar y revelar información protegida. La acusada supuestamente accedió a la base del punto neutro judicial para informar a su marido de los bienes que tenía una empresa que le debía dinero.
El caso estuvo a punto de pasar desapercibido, pero la funcionaria se derrumbó y le confesó a la juez y a la secretaria del juzgado que había accedido a la base de datos. La magistrada, según explicó ayer en el juicio, le preguntó si era consciente de lo que había hecho y denunció el caso a la Fiscalía y a la Conselleria de Justicia.
La acusada supuestamente accedió el 13 de mayo de 2011 desde su puesto de trabajo en el juzgado de Instrucción número tres de Requena a la base de datos judicial para consultar en el catastro y en la Dirección General de Tráfico los bienes y vehículos que tenía la empresa que le debía dinero a su marido. El objetivo, siempre según la Fiscalía, era facilitar a su pareja el embargo de los bienes de la empresa y asegurarse el pago de las deudas.
Un juzgado de Xàtiva abrió diligencias contra el marido por un delito de revelación de secretos. El juez de Xàtiva no iba a investigar a la funcionaria porque no sabía cómo se había producido la revelación, pero envió un exhorto a Requena para una averiguación que por casualidad cayó en el juzgado de la funcionaria y la mujer se derrumbó. Al final, el procedimiento de Xàtiva se archivó y el caso solo se ha dirigido contra la funcionaria.
«Me lo contó llorando»
La magistrada de Requena explicó al tribunal que la funcionaria le pidió hablar a solas cuando llegó el exhorto. «Me dijo que había realizado la consulta. Me lo contó nerviosa y llorando. Yo cogí el Código Penal y le dije: 'Mira lo que has hecho'. Ella me indicó que lo necesitaba para un juicio cambiario».
La juez llamó a la secretaria judicial para que estuviera presente. La secretaria confirmó al tribunal las palabras de su compañera de juzgado y añadió que dijo que utilizó la información en el procedimiento.
Tras escuchar las declaraciones de la juez y la secretaria, la fiscal modificó su petición inicial de condena y solicitó que cumpla cuatro años y tres meses de cárcel y que sea inhabilitada para trabajar como funcionario durante siete años. La representante del ministerio público insistió en que la funcionaria facilitó la información «con ánimo de lucro». La procesada aprovechó su turno de última palabra para asegurar que actuó «presa del pánico» y que solo merece un expediente administrativo.
