«El condenado es un sujeto absolutamente desprovisto de respeto a la vida, frío, que acomete reiteradamente y de manera salvaje y despiadada a una anciana, sin signo de arrepentimiento», asevera en una sentencia dura y sin dar lugar a posibles «rebajas de pena» la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Los magistrados dejan bien claro que la paliza que sufrió Marita, la nonagenaria agredida en Albal por una pareja de ladrones, debe ser castigada «sin titubeos» con la pena máxima. Así, han condenado a Anghel Viorel, autor material de «la salvaje e inmisericorde agresión», a una pena de veinte años de prisión, quince por un delito de asesinato en grado de tentativa y cinco por el robo con violencia en casa habitada.

En la misma tampoco dan pie a los argumentos esgrimidos por la defensa de la otra acusada, Carmen Tapia, a quien condenan a doce años y medio de cárcel -cinco por el robo y siete años y seis meses por la tentativa de asesinato-. La Audiencia no contempla ninguna de las eximentes y no da crédito a su relato de que actuó movida por el miedo insuperable hacia su expareja. Incluso la considera coautora de los hechos. «No fue una sorprendida convidada de piedra», asegura la sentencia, argumentando que sin su intervención el otro acusado no podría haber accedido al interior de la vivienda. A la que entraron tras manifestar que veían de parte «del dichoso ex párroco de Albal«, como se refiere a él la sentencia.

Los hechos por los que han sido ahora condenados ocurrieron el 12 de abril de 2013 cuando ambos acusados asaltaron a la anciana, de 90 años, en su domicilio de Albal para robarle joyas y dinero, tal y como informó en exclusiva Levante-EMV en su día. La mujer contaba con un botón de teleasistencia, sistema que a la postre le salvó la vida, ya que según reconoce la sentencia, de no haber sido asistida a tiempo por su sobrino, que le sacó trozos de dentadura y coágulos de sangre de la boca que le impedían respirar, la víctima habría fallecido.

La vivienda contaba con un sistema de apertura electrónico y solo la huella digital de la nonagenaria podía abrir la puerta principal, así como una cámara de seguridad que grabó precisamente la brutal agresión y que se convirtió en la principal prueba de cargo contra los acusados. «No es frecuente que un tribunal disponga de tan indubitado material probatorio en el se vea en vivo el delito», remarcan en su fallo los magistrados. En las citadas grabaciones se observa cómo después de darle dos besos a Marita y estar hablando durante unos minutos con ella, Viorel «descarga dos puñetazos, directos y potentes, al rostro de la anciana». Posteriormente y tras quedar la mujer fuera de plano, el ahora condenado «descarga tres series más de golpes, entre seis y ocho, a la cabeza de la nonagenaria, quien cae al suelo y es arrastrada por el procesado hacía una habitación».

«Desde el primer golpe la procesada se dedicó a ir de habitación en habitación, tranquila, sin en ningún momento intentar salir de la casa o impedir que el procesado siguiera agrediendo a la mujer», según afirma la sentencia, desmontando su versión sobre lo ocurrido.

Su andar patojo lo delató

Por su parte, Anghel Viorel basó su defensa durante el juicio en que él no es la persona que aparece en el vídeo. Sin embargo, «su peculiar y defectuosa manera de andar, ya que es patojo», y que el tribunal pudo comprobar tanto en la grabación de la paliza, como en otra captada dos días antes cuando visitó la casa, así como durante el juicio, no dejan lugar a la duda.

Pero por si dicha prueba de cargo fuera poco, la Audiencia basa su fallo en otras tres pruebas contra el acusado que por sí mismas podrían ser constitutivas de una condena. El hecho de que la víctima lo reconociera como su agresor sin género de dudas tanto en la instrucción como en el juicio, el relato de la coacusada quien confesó haber estado ambos presentes en la casa y una muestra de ADN del procesado hallada en la bolsa donde la anciana guardaba el dinero.

Marita, quien ejerció la acusación particular a través de la letrada Inmaculada Peiró, tendrá que ser indemnizada con 146.400 euros por las graves secuelas sufridas que la han dejado postrada en una silla de ruedas.