El Juzgado de Instrucción número dos de Llíria ha tomado declaración a varios testigos de la trama que explotaba a condenados a trabajos en beneficio de la comunidad a través de una fundación de Loriguilla. Entre ellos destaca la declaración de la mujer del exalcalde del municipio, uno de los principales imputados, quien ratificó ante el juez los envíos de trabajadores a la empresa municipal Lorisum cuando por aquel entonces su marido era el presidente del consejo de la citada empresa pública dedicada a la promoción inmobiliaria.
El secretario del Ayuntamiento y el exteniente de alcalde de Loriguilla, cabeza de lista del PP, últimos detenidos por su presunta relación con esta trama que explotó laboralmente a centenares de condenados a servicios sociales entre los años 2010 y 2013, están acusados de desviar partidas presupuestarias a gastos de la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez.
El exteniente, que tenía asignada la concejalía de Hacienda y era vicepresidente de la empresa municipal, desvió presuntamente 6.000 euros en concepto de carburante para vehículos particulares de la fundación desmantelada por la Guardia Civil. Cabe remarcar que el actual teniente de alcalde no guarda ninguna relación con la trama ya que la información de ayer podía inducir a error.
Entre el resto de investigados (imputados) se encuentra el exjefe de la Policía Local de Loriguilla y varios exconcejales que formaban parte del consejo de administración de la empresa pública lorisum, a la cual desviaban a trabajadores en beneficio de la comunidad por una supuesta orden directa del exalcalde, para realizar trabajos en las viviendas de la promotora municipal. Los condenados eran obligados a desarrollar, entre otros trabajos, la reparación de averías para los inquilinos de las viviendas de Lorisum, y obras de rehabilitación antes de la llegada de un nuevo inquilino.
Coacciones, cohecho y estafa
El Juzgado de Instrucción número dos de Llíria mantiene una causa abierta con 14 imputados por los delitos de coacciones, cohecho, estafa y contra el derecho de los trabajadores, según informaron fuentes del TSJ-CV. Estas mismas fuentes indicaron que por el momento solo han pasado a disposición del juzgado cuatro de ellos: el presidente de la Fundación, su mujer, su hijo y un encargado. El juzgado acordó la libertad de todos ellos tras declarar como investigados y como medida cautelar les impuso la obligación de acudir al juzgado a firmar dos veces al mes.
