No hay mal que cien años dure, ni crimen sin resolver que en algún momento determinado salga a flote del mar de incertidumbre en el que se ahogaron sus investigadores. Aunque muy bien saben los criminólogos que el tiempo es un arma que juega a favor del delincuente, pues como ya decía Edmond Locard, «el tiempo que pasa es la verdad que huye», hay circunstancias que permiten reactivar investigaciones de casos que estaban abocados a quedar archivados por falta de autor conocido en el fondo de un cajón. En los primeros seis meses del año tres asesinatos cometidos entre 2004 y 2011 en tierras valencianas han sido resueltos por los grupos de Homicidios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Son ese rayo de esperanza para los 468 crímenes sin resolver, ocurridos en España entre 1990 y 2015, que todavía esperan una respuesta.
Un joven que fue encontrado calcinado y con un tiro en la cabeza en un descampado de Bonrepòs en mayo de 2004 y cuyos presuntos autores han podido ser llevados ahora, trece años después de su crimen, ante la Justicia. Una prostituta que cosió a cuchilladas a su cliente en Alfafar en diciembre de 2005 y que huyó del país hasta que once de años después ha sido localizada y extraditada a España para rendir cuentas por su asesinato. Y un parricidio de 2011 que permanecía oculto, amparado en una supuesta desaparición voluntaria, hasta que el hijo de la víctima acabó confesando, desde la prisión donde cumple condena por otros dos asesinatos en grado de tentativa, haber descuartizado el cadáver de su madre en su domicilio de València. Son los tres violentos casos adelantados en exclusiva por Levante-EMV y que gracias a la labor de los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido resueltos pese al ocaso del tiempo.
«Desde el punto de vista criminológico el paso del tiempo en una investigación está lleno de inconvenientes», explica José Luis Alba, presidente del Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada (Ibercrima). La escena del crimen se modifica y un vestigio que no fue hallado en su día difícilmente será localizado años después, la capacidad de encontrar nuevos testigos y que éstos recuerden algo relevante se desvanece y los recursos operativos destinados a la investigación del mismo se centran en otras causas más recientes. «Las únicas ventajas serían los avances en la ciencia forense, como por ejemplo la obtención de ADN, y nuevos métodos de interrogatorio que antes no se utilizaban», apunta el criminólogo Alba.
Este último aspecto que saca a relucir el responsable de Ibercrima fue precisamente clave en lograr la confesión de Joan Carles L. M., quien descuartizó el cadáver de su madre con un serrucho tras discutir con ella por cuestiones de dinero en abril de 2011. Agentes de la Sección de Análisis de Conducta (SAC) de la Policía Nacional, grupo creado ese mismo año y que incorpora técnicas psicológicas en la investigación criminal, se entrevistaron con el sospechoso en prisión hasta lograr indagar en su mente. Esto unido a la labor del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quienes probaron que el sospechoso había vaciado la cuenta bancaria de su madre, con la extracción de 45.000 euros en las semanas posteriores a su desaparición, llevó al esclarecimiento a finales del pasado mes de abril de la muerte de Mari Carmen Muñoz Moreno, cuyo cuerpo jamás podrá ser enterrado ya que el parricida se deshizó de él arrojándolo a trozos en bolsas de basura en fechas posteriores al asesinato.
«En este caso estaríamos ante una persona con una fuerte carga psicopática, y los psicópatas tienden a querer hacerse de notar, que se conozca su crimen», argumenta José Luis Alba, quien baraja esta posibilidad en el hecho de que finalmente se abriera a los agentes del SAC y acabara confesando la muerte de su madre. No obstante, trató de justificar su acción alegando que simplemente la empujó durante una discusión por cuestiones relacionadas con la difícil convivencia y que ésta se golpeó la cabeza y murió. Fue posteriormente cuando decidió descuartizar el cuerpo de su propia madre para deshacerse del cadáver y fingir que se había marchado voluntariamente de casa.
El pasado mes de mayo el Juzgado de Instrucción número 20 de València, encargado del caso, autorizó la excarcelación de Joan Carles L. para que acompañara a la policía a la vivienda de la calle Alcalde Albors de València donde presuntamente mató a su progenitora. Tras realizar una reconstrucción de lo ocurrido aquel día con el acusado, éste fue conducido de nuevo al centro penitenciario de Picassent donde cumple una condena de 23 años de cárcel por intentar matar a cuchilladas a sus tías en octubre de 2014. Por aquellas fechas su madre ya llevaba tres años entre fantasmas.
La prostituta que huyó del país
Otro caso bien distinto pero también resuelto con éxito estos últimos meses es el de la prostituta que asesinó de 16 cuchilladas a un cliente en el domicilio de éste, en Alfafar, en diciembre de 2005. Aquí lo complicado no fue identificar a la autora del crimen, quien dejó un reguero de pruebas lo suficientemente importante como para que los investigadores centraran sus sospechas en ella desde el minuto cero. El problema en la resolución de este asesinato fue localizar y extraditar a la sospechosa, quien huyó del país nada más cometer su crimen.
Vanessa Danielle L. F., de 32 años y origen brasileño, fue identificada como la presunta autora del crimen desde comienzos de la investigación. Fue la última persona con la que fue vista la víctima marchándose de una discoteca de València e incluso realizó una llamada telefónica a una amiga desde el móvil del fallecido justo en la franja horaria en la que sitúan los forenses la fecha de la muerte. Por si estos indicios fueran pocos para detenerla como sospechosa, en la escena del crimen el grupo de Criminalística de la Guardia Civil también halló pruebas irrefutables contra ella, como su chaqueta -que se dejó olvidada en la casa- así como una mancha de sangre con su ADN en un interruptor. El Juzgado de Instrucción número 1 de Catarroja, encargado del caso, ordenó ya entonces su búsqueda y detención.
Era cuestión de tiempo que fuera detenida pero los años pasaron y la fugitiva seguía en paradero desconocido eludiendo la acción de la Justicia. Incluso cuando en abril de 2016 fue arrestada en Calais (Francia), la presunta asesina fue liberada antes de que llegara la orden de extradición por falta de comunicación entre los organismos judiciales de ambos países.
Finalmente una identificación rutinaria en Lisboa, donde se había refugiado, permitió su detención y en esta ocasión la orden de extradición no se hizo esperar. Tras ser trasladada al centro penitenciario de Picassent, la acusada de un delito de asesinato alegó que acuchilló a su cliente en defensa propia tras una pelea cuando ésta trató de marcharse del domicilio. El juzgado está tomando declaración a los testigos, principalmente vecinos de la finca de Alfafar donde se produjo el crimen, para que traten de recordar qué escucharon en la mañana del 19 de diciembre de 2005.
Una deuda de 25.000 euros
Por último, el pasado mes de mayo la Guardia Civil logró resolver el asesinato de Juan Pablo Langa, un joven de 25 años vecino de Nàquera, hallado calcinado y con un tiro en la cabeza en un descampado de Bonrepòs el 29 de mayo de 2004. Tras una ardua investigación los agentes arrestaron a los cinco presuntos implicados en el crimen, quienes secuestraron a su víctima tras quedar con él en un piso de la avenida Francia de València. Una deuda de unos 25.000 euros por el impago de una partida de hachís, como ya adelantó Levante-EMV, fue motivo suficiente para que trasladaran al joven hasta este paraje, en el que fue ejecutado de un disparo en la sien derecha. Posteriormente trataron de eliminar las pruebas prendiendo fuego al cadáver. Ello no ha impedido que, trece años después, los dos presuntos autores materiales del crimen hayan acabado en prisión provisional a la espera de juicio.
