A la espera de solucionar su situación procesal y que se acuerde el sobreseimiento por el delito contra la salud pública por el que fueron detenidos, la mayoría de los once ciudadanos vietnamitas explotados en condiciones inhumanas en tres naves de la provincia quiere permanecer en territorio español por miedo a ser asesinados en su país cuando regresen y solicitarán asilo.
Fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de València aseguran que por el momento nadie se ha puesto en contacto para iniciar los trámites, ni siquiera para explicar las posibilidades y pasos a seguir. Asimismo de la primera acogida en estos casos se encarga Cruz Roja, donde tampoco ninguna administración -ni Delegación de Gobierno ni el Consell- les ha solicitado colaboración.
Aunque desde Cruz Roja se muestran escépticos sobre las posibilidades de que se les conceda protección internacional, en el CEAR detallan las dos posibilidades con las que cuentan estas personas para evitar su inmediata expulsión. Por un lado solicitar la protección internacional como víctimas de explotación laboral. Si tenemos en cuenta cómo fueron engañados para venir al país, que estaban encerrados bajo llave, durmiendo en el suelo y comiendo apenas una vez al día a base de arroz y jenjibre, parece que reunen bastantes condiciones para que sí se les asista.
Por el otro está la protección que recoge la propia Ley de Extranjería para aquellos colaboradores con la Justicia para el esclarecimiento de delitos.
