El padre de Marta Calvo, la joven presuntamente asesinada el 7 de noviembre pasado en Manuel por Jorge Ignacio P. J., en prisión provisional por estos hechos desde el 6 de diciembre pasado, ha solicitado a la jueza de Instrucción número 6 de Alzira, a través de su abogada, un informe pericial que documente y acredite la práctica sexual presuntamente realizada por Jorge Ignacio P. J., acusado de administrar a sus víctimas grandes cantidades de cocaína por vía anal y vaginal en contra su voluntad.
Jorge Ignacio P. J. está acusado no solo del homicidio de Marta, sino del de otras dos mujeres muertas tras sendos encuentros sexuales con el acusado. La primera de ellas, Arliene Ramos, brasileña, falleció el 3 de abril del año pasado, después de una cita con Jorge Ignacio P. J. el 25 de marzo. La segunda, Lady Marcela Vargas, colombiana, murió en una casa de citas de la avenida de la Plata de València tras otro encuentro sexual con el acusado en la madrugada del 15 de junio de 2019.
Además, la Guardia Civil le considera responsable de al menos otros siete delitos de agresión sexual cometidos con otras tantas mujeres a las que habría administrado, pese a la oposición de todas ellas, cocaína en grandes cantidades durante encuentros sexuales pactados, entre finales de 2018 y noviembre pasado.
El padre pretende acreditar con datos científicos el mecanismo que produce la muerte o el desvanecimiento -en el caso de las siete mujeres que sobrevivieron a Jorge Ignacio P. J.-, cuando se administra cocaína por vía genital y cómo se traduciría eso en los niveles postmortem de esa sustancia en sangre.
La diligencia es importante porque documentaría con datos objetivos cómo se produjeron los episodios que llevaron a la muerte a Marta, Arliene y Lady Marcela, dado que de estas dos últimos constan en los respectivos sumarios las cuantías de cocaína detectadas en sus organismos a partir del análisis de los tejidos tomados durante las autopsias.
La jueza de Alzira no solo ha admitido la práctica de esa prueba, sino que ha solicitado que sea realizada por un médico forense y ratificada después por un segundo especialista que contraste y confirme los resultados del primeros, para evitar que la defensa de Jorge Ignacio P. J. intente desacreditar ese trabajo.
Reclamación de los gastos
Así mismo, el juzgado dispone ya de la historia clínica completa de Jorge Ignacio P.J., remitido por el Hospital La Fe, que había solicitado su abogado defensor para argumentar que su trastorno de personalidad deriva de un accidente ocurrido en su infancia por el que llegó a estar en coma. Sin embargo, el rastro homicida del acusado no aparece, por los datos reunidos hasta ahora por los investigadores, hasta hace poco más de un año.
Por otro lado, la UTE de empresas que explota el vertedero de Dos Aguas reclama al juzgado que le pague 132.791,62 euros en concepto de gastos por los trabajos realizados hasta el 30 de marzo en ese recinto para tratar de localizar los restos de Marta Calvo,.
La sociedad ha enviado al juzgado facturas mensuales por importe, según ellos, de 132.791,62 euros en las que desglosa los gastos entre el alquiler de las máquinas excavadoras y camiones empleados en la remoción de los residuos extraídos de la planta y los salarios de los trabajadores destinados a esa tarea desde que comenzó la búsqueda, en enero pasado.
Además, se aportan las facturas de los elementos de seguridad que han comprado para dotar a los diez peones que remueven la basura, esto es, mascarillas de filtro bacteriológico, gafas de protección y buzos desechables para trabajos con riesgo biológico.
Sólo en el mes de marzo, afirma la UTE, han gastado 40.426,32 euros, entre salarios (a 1.504 euros brutos por operario), protecciones y máquinas.
Desde que el juzgado autorizó los rastreos en el vertedero, donde supuestamente habrían ido a parar parte de los restos de la joven si es que su presunto asesino dijo la verdad cuando declaró haber descuartizado el cuerpo y haberlo diseminado en seis bolsas distintas en contenedores de basura de Alzira y Silla, la Guardia Civil pactó con la empresa que explota el recinto de tratamiento de residuos la cesión de maquinaria y operarios para extraer las miles de toneladas de desechos y tierra compactados donde en teoría deberían encontrarse esos restos.
Fueron, de hecho, los responsables del vertedero quienes fijaron en qué punto era más probable que estuviesen los restos, a partir de la información facilitada por Jorge Ignacio P. J. en su única declaración hasta el momento, la realizada ante la Guardia Civil y su abogado en el cuartel de Carcaixent horas después de entregarse en esas dependencias policiales en la madrugada del 4 de diciembre, casi un mes después del homicidio de Marta, declaración que los investigadores de Homicidios de la Guardia Civil de València y de la UCO ponen en cuarentena dada la multitud de incorrecciones y contradicciones en las que incurrió.
¿Quién va a pagar?
De momento, las gestiones realizadas por el juzgado ante la Administración para que se pague a la UTE «no han dado resultados», según recoge el propio gerente en su último escrito a la jueza suplicando el abono de lo gastado hasta ahora. La misma suerte correrán, por lo que parece, los futuros gastos que genere la búsqueda de Marta, que aún se prolongará por espacio de varios meses, ya que todavía no se ha llegado al punto 'caliente' en el que probablemente estarían los restos de la chica.
